Fedea estima que la ejecución real de los fondos europeos es inferior a la que sugieren las cifras oficiales
▶ Avisa de que el circuito de transferencias a CC.AA. y organismos ralentiza su aplicación
Los últimos datos oficiales del Ministerio de Hacienda, correspondientes a julio, indican que a esa altura el Gobierno ya había comprometido de manera efectiva la aplicación de unos 9.500 millones de euros de los cerca de 28.500 millones de fondos europeos presupuestados para 2022. La cifra se corresponde con lo que se denominan ‘obligaciones reconocidas’, que son las cantidades que el Estado se ha comprometido de forma definitiva a aplicar a una política y cuya evolución se tiene como el termómetro más fiable para medir la ejecución presupuestaria –más aún que los pagos realizados que en algún caso no se desembolsan hasta finalizada la obra o la prestación del servicio–, y traslada un porcentaje de ejecución a esa altura del 33%, ya superado el ecuador del ejercicio.
¿Ilustra esa cifra los recursos que ya han llegado a sus destinatarios y que, por tanto, han contribuido a dinamizar la actividad económica? Parece que no. Un informe de seguimiento de los fondos europeos publicado ayer por el instituto de análisis económico Fedea sugiere que esa cifra sobrevalora la ejecución real de los fondos, ya que incluye recursos que el Estado no transfiere a sus destinatarios últimos sino a comunidades autónomas u organismos estatales que después tendrán que distribuirlos entre los beneficiarios finales.
«En muchos casos, esto sólo quiere decir que esos recursos han iniciado el viaje hacia su destino final, lo que puede implicar varias transferencias entre administraciones o entes públicos hasta llegar a aquel que, en última instancia, se ocupará de gestionar las convocatorias o licitaciones correspondientes», explica el informe. «Conviene distinguir entre la ejecución provisional y la ejecución definitiva de los fondos del Mecanismo de Recuperación, reservando este último término para los pagos a los destinatarios finales de las ayudas».
Una brecha administrativa
La diferencia no es menor. Según el trabajo de Fedea, en 2021 mientras el balance oficial de ejecución de Hacienda mostró un volumen de obligaciones reconocidas de más de 20.000 millones, lo que implicaría un porcentaje de ejecución del 82%, la estimación de ejecución real elaborada por el instituto dejaría esa cifra en 6.545 millones y el porcentaje en el 27%. Desde Fedea aclaran que esa brecha no significa que Hacienda recopile mal los datos, sino que la fotografía que proporcionan no da una imagen ajustada de la ejecución real de los fondos.
¿Por qué? Porque una parte muy importante de esos 20.000 millones (más de 19.000, en realidad) corresponden a fondos que han sido transferidos no a sus beneficiarios finales sino a otros niveles de la Administración, que, a su vez, tendrán que activar los mecanismos necesarios para adjudicarlos a sus usuarios finales, lo que genera retrasos en la ejecución.
El fenómeno también se observa este año. Los datos de Hacienda a mitad de ejercicio revelan una ejecución por parte del Estado de 4.700 millones, sin embargo la estimación de ejecución real de Fedea la rebaja a menos de 1.500 millones, una tercera parte de la ejecución que sugieren las cifras oficiales, a causa del efecto de ese circuito de transferencias desde el Estado hacia otras instituciones públicas.
El balance general de Fedea es que la ejecución de los fondos europeos «ofrece motivos para la preocupación» pese al esfuerzo realizado por la administración, tanto por el ritmo de ejcución como por lo ajustado del calendario que exige al Gobierno aplicar el 70% de los recursos a fondo perdido recibidos antes de que acabe el año. También preocupan las reformas abordadas, que consideran poco ambiciosas y que en algunos casos adolecen de una «deficiente calidad técnica».
La estimación del ‘think tank’ es que la ejecución real de fondos europeos es una tercera parte de la que sugieren las cifras oficiales