AUTONOMÍA FISCAL A MEDIDA
El discurso del PSOE sobre las comunidades del PP que bajan impuestos es estrábico: la libertad financiera solo es útil si sirve para subir la fiscalidad, pero no si es para reducirla
L Eanuncio hecho por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de eliminar el impuesto de patrimonio para atraer nuevos contribuyentes y evitar una fuga de empresarios recibió ayer una encrespada respuesta del Gobierno. Primero fue el ministro José Luis Escrivá, quien a título personal, según especificó, abogó por una recentralización fiscal para que las comunidades pierdan buena parte de su autonomía tributaria porque lo actual «es un despropósito». Después lo hizo la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien aventuró que esa decisión provocará recortes y que además solo se verá beneficiado el 0,2 por ciento de los andaluces. Y finalmente, de modo oficial, la portavoz del Gobierno se limitó a criticar a Moreno por beneficiar solo a los ricos. Eso sí, se desmarcó del exceso verbal de Escrivá. No obstante, la polémica está abierta en canal, y el discurso público del Gobierno, por más que desautorice a su ministro de Seguridad Social, no solo cae por su propio peso, sino que además retrata las contradicciones de los socialistas al respecto.
Durante los últimos cuarenta años, el PSOE fue siempre defensor de la autonomía fiscal, e hizo suyas todas las tesis federalistas habidas y por haber. Queda en el recuerdo aquella idea del ‘federalismo asimétrico’ lanzada por Pasqual Maragall desde Cataluña, y queda también que el primer Gobierno que cedió la gestión de tramos autonómicos del IRPF fue el de Felipe González. El discurso de hoy es incoherente y además se produce de un modo estrábico: para el PSOE, la ‘autonomía’ fiscal solo sirve para subir impuestos –‘armonizar’ lo llaman– y nunca sirve para bajarlos. Y eso que en 2003 Rodríguez Zapatero hizo fortuna con aquella expresión de que «bajar impuestos es de izquierdas». Visto el discurso del Gobierno, el PSOE ha decidido enterrar tres décadas de defensa de la autonomía financiera, y cuando alguna comunidad del PP la ejerce, el Gobierno no contempla alternativas. Solo sirven la persecución política y subir los impuestos con el argumento de que, de lo contrario, se dañan los servicios públicos.
Ese discurso es objetivamente irreal. El modelo que ahora plantea Juan Manuel Moreno es similar al que lleva años aplicando la Comunidad de Madrid, que demuestra cómo bajando determinados impuestos se puede conseguir el objetivo de aumentar la recaudación, por leve que sea. Se trata de anteponer incentivos a la inversión, corregir la injusticia de gravar doblemente al ciudadano por su propio patrimonio, y desmentir las acusaciones ideologizadas de ‘dumping’ fiscal. Lo asegurado ayer por Escrivá se asemeja más al programa recentralizador de competencias que propugna Vox que al criterio del que siempre presumió el PSOE. Dicho además desde la evidencia de que el PSOE excluye de cualquier conflicto al ‘cupo vasco’ y deja indemnes los privilegios forales e insulares de Navarra o Canarias, por ejemplo. Todo está diseñado para culpar de insolidaridad al PP.
Esta polémica abre además otros debates para los que el Gobierno no da respuesta. Puestos a recentralizar y a que el Gobierno controle los impuestos para restar bazas electorales al PP, cabe preguntarse por qué no se plantea recentralizar competencias educativas allí donde no se respeta la legalidad ni el cumplimiento del 25 por ciento en castellano. O por qué la financiación autonómica premia a las autonomías ideológicamente afines al Gobierno y a las gobernadas por nacionalistas. El Ejecutivo reclama una homogeneidad fiscal de conveniencia, y cuando le interesa mantener el discurso opuesto le basta con desempolvar el mantra de la ‘España plural y compleja’. La que promueve es una autonomía fiscal a su antojo cuando las urnas le aprietan.