El independentismo conmemora el primer pulso violento del ‘procés’
▶ ERC homenajea a los cargos cuyo arresto provocó el cerco a la comitiva judicial que registraba la consejería de Economía ▶ El secesionismo mostró en 2017 que estaba dispuesto a usar la presión de la calle para sus planes de ruptura
Era ya 21 de septiembre de 2017 cuando la secretaria judicial Montserrat del Toro salió por la azotea de la Consejería de Economía de la Generalitat. Fue así como llegó al teatro Coliseum, donde se mezcló con algunos actores de la función que acababa de finalizar para, escoltada por mossos de paisano, poder salir de allí. Pasó «miedo» y por ello pidió auxilio al titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, quien había ordenado a la Guardia Civil desarticular la maquinaria puesta en marcha para celebrar el referéndum del 1-O, tras ser declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
La operación Anubis había comenzado a las ocho de la mañana del día anterior. Poco después, ya eran miles los simpatizantes independentistas que se habían concentrado a las puertas de la consejería que entonces dirigía Oriol Junqueras. Entre ellos, los líderes de Òmnium, Jordi Cuixart, y de la ANC, Jordi Sànchez, que acabaron encaramados al techo de un Nissan Patrol de la Benemérita. Según ambos arguyeron durante el juicio ante el Supremo, para tratar de dispersar a la masa, aunque el fallo que los condenó a nueve años de cárcel por sedición considera que Sànchez puso trabas y «hostigó» a los agentes que trataban de efectuar el registro y que incluso llegó a emplear un tono «incendiario» en alguna de sus consignas aquella fecha.
El bloqueo de la comitiva judicial en la sede de Economía fue, propiamente, la primera vez que el independentismo demostró que estaba dispuesto a usar la calle para defender el referéndum y el proceso de ruptura, en una escalada que comenzó con el destrozo de los ‘patrols’ de la Guardia Civil aquel 20 de septiembre de 2017 y culminaría, dos años después, con la plaza Urquinaona convertida en un campo de batalla tras conocerse la sentencia que enjuició precisamente los primeros hechos.
«Hace cinco años, contra la represión del Estado español, respondimos. Intentaron detenernos y no pudieron, porque somos pueblo y no lo hemos dejado de ser. Cinco años después del 20-S, seguimos con el mismo compromiso y el mismo convencimiento, ¡ganaremos!», clamaba ayer ERC, capitalizando durante un acto público una fecha que, en el contexto actual, le sirve para marcar músculo ‘indepe’ ante la competencia de Junts.
Riesgo «evidente»
Hace cinco años, el teniente al mando del operativo relataba que no tuvo la «osadía» de abandonar el edificio una vez culminada la intervención porque los habrían «machacado». Señaló así que el riesgo era «objetivo y evidente». Algo de lo que también le advirtieron los Jordis. Así, aunque la secretaria judicial pudo abandonar la zona pasada la medianoche, la decena de guardias civiles que habían participado en el registro como Policía judicial permanecieron en la consejería varias horas más. Según explicó su superior, allí se vivieron momentos críticos, como cuando tuvieron que sujetar la puerta desde dentro porque, por la presión que ejercían los manifestantes desde el exterior, pensaron que «se estaba viniendo abajo».
Mientras, en la calle, algunos manifestantes –según la Guardia Urbana, allí llegaron a congregarse unas 40.000 personas– sustrajeron uniformes, cascos, placas de identificación y una caja de munición del interior de los vehículos del Instituto Armado, estacionados frente a Economía. Fueron efectivos de los Mossos d’Esquadra quienes recuperaron poco después las mochilas con el material antidisturbios, aunque no lograron detener a los autores del robo.
Los incidentes durante la concentración pusieron en el punto de mira al entonces jefe de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, y a la intendente
El teniente al mando del operativo señaló que no abandonaron Economía por temor a ser «machacados»
Jové y Salvador, arquitectos del ‘procés’, se encuentran a la espera de juicio por malversación y prevaricación
Teresa Laplana, que fueron acusados por la presunta pasividad que mostró el Cuerpo para disolver aquella protesta. La Audiencia Nacional los absolvió al considerar probado que –tanto el 1-O, como el 20-S– la actuación de los agentes «no fue de colaboración con los independentistas, sino que afrontaron la situación de un modo que evitó graves daños».
El objetivo de aquel dispositivo fue desmantelar el aparato logístico de la votación. Entre los 14 detenidos aquella jornada, dos que ahora se encuentran a la espera de juicio, Josep Maria Jové y Lluís Salvador, secretario de Economía y de Hacienda, respectivamente –ahora diputados de ERC en el Parlament–, acusados de malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos. Fue precisamente durante la entrada de los investigadores en casa de Jové, mano derecha de Junqueras, aquel 20 de septiembre, cuando el Instituto Armado se incautó de una libreta Moleskine, así como de un documento de Power Point de 41 páginas, bautizado ‘Enfocats’, que detallaban la hoja de ruta del ‘procés’. Una hoja de ruta que contaba con borradores de proyectos de ley que guardaban relación con la creación de estructuras de Estado, como una hacienda propia, y por ello se les bautizó como los arquitectos del ‘procés’.
Cinco años después de aquella jornada, Jové, que llegó a participar en la mesa de diálogo con el Gobierno en 2020 –reunión a la que acudió con una libreta Moleskine–, señaló ayer que sin el 20-S no habría existido el 1-O.
En una entrevista en Rac1, el republicano opinó que la operación policial supuso «un gran error de cálculo por parte de los aparatos del Estado» Un «error» que, según éste, llevó a movilizar a la gente que quería votar en el referéndum declarado ilegal. El 20S se convirtió así en el primer pulso en la calle del ‘procés’.