LA ‘OKUPACIÓN’ COMO COARTADA

La izquierda ha cultivado un mensaje engañoso atribuyendo a la ‘okupación’ una motivación humanitaria derivada de la incapacidad del okupa de poder pagar su propia vivienda

EDITORIALES

LA ocupación ilegal de viviendas se ha disparado un 46 por ciento en lo que va de año respecto a 2018, según consta en estadísticas policiales a las que ha tenido acceso ABC. En ese año se denunciaban en España una media de 33 ocupaciones diarias, y ahora alcanzan el medio centenar, en una tendencia creciente que no parece tener solución ni policial, ni judicial ni legislativa. Los problemas de seguridad ciudadana que genera este fenómeno okupa son notorios. Tanto, como la vulneración de un derecho como es el de que un propietario pueda disfrutar de su propiedad privada en las condiciones que considere oportunas. Mantener una vivienda vacía, al corriente de sus impuestos y cumpliendo con las obligaciones legales y tributarias, no es ningún delito. Verse privado de ella por la fuerza y sin consentimiento sí lo es.

Y sin embargo las estadísticas evolucionan de manera alarmante para muchos propietarios. En España, la izquierda ha cultivado un mensaje engañoso atribuyendo a la ‘okupación’ una motivación humanitaria derivada de la incapacidad de muchas personas de poder pagar su propia vivienda. En cierto modo, ese discurso es cómplice con el fenómeno y alienta actuaciones ilegales. Sin embargo, es erróneo instigar un mensaje humanitario en virtud del cual okupar es el último recurso al que se ven abocados ciudadanos que solo son víctimas de la usura de los propietarios, de la injusticia social de los bancos que mantienen una cartera de viviendas embargadas, o de los fondos que invierten en suelo. En España se ha fabricado una coartada moral en ese sentido que carece de fundamento, y por eso no se lucha con eficacia contra la ‘okupación’. El discurso populista contra los ‘ricos’ y los multipropietarios –muchos de ellos clase media pura y dura–, o a favor de los ‘desfavorecidos’, como si el Estado no tuviese recursos suficientes para solucionar problemas extremos derivados realmente de una causa humanitaria, es un discurso sobreactuado y con una base demagógica.

En muchos casos la ‘okupación’ no proviene de una extrema necesidad, sino de mafias que trafican con la propiedad ajena, obteniendo por ello beneficio económico. Y frente a ello, la Justicia se las ve y se las desea por la vigencia de una legislación laxa que consiente la impunidad con demasiada recurrencia. Un propietario afectado en su vivienda se ve indefenso para reclamar y lograr resultados de inmediato. Es decir, para revertir una situación que es de pura justicia. Entonces, la justicia se convierte en injusticia. En España, el discurso de la izquierda provoca una normativa equívoca y confusa que termina retroalimentando un delito favorecido desde el Parlamento, las asambleas autonómicas y muchos ayuntamientos. Pero España debe dejar de normalizar la coartada política como palanca activadora de una ilegalidad. La ‘okupación’ genera desigualdad, no igualdad. Provoca un trato desigual a los ciudadanos, y además pretende estigmatizar al propietario por insolidario.

La llamada ‘justicia social’ no puede amparar ilegalidades ni por la vía de los hechos ni por la vía de la justificación moral. Hacerlo está implicando un número creciente de ciudadanos que deciden tomarse la justicia porque dejan de confiar en el sistema. España está demostrando incapacidad para resolver este problema. La solución no puede pasar, como ocurre con la izquierda, por buscar siempre un enemigo o una confrontación ideológica que justifique la vulneración de derechos constitucionales. La solución no puede pasar por socializar la pobreza, sino por el cumplimiento de la ley, la ayuda estatal a quien sufra necesidad real, y erradicar la proliferación de mafias okupas.