El control de la información: del CAC catalán a La Moncloa y el Covid
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se está planteando crear una suerte de ‘brigada antirracismo’ encargada de vigilar a medios de comunicación y redes sociales, para detectar y evidenciar aquellas informaciones u opiniones que considere que no se ajustan a lo políticamente correcto, conveniente o admisible. Se trataría de un nivel de control administrativo, al margen de las infracciones tipificadas en el Código Penal, cuya persecución compete a las fuerzas de seguridad y a la Justicia.
Esa ‘brigada’ administrativa es una de las medidas que está sopesando el Gobierno de Pedro Sánchez para combatir el «racismo estructural», que es aquel que está «arraigado en las instituciones sociales, financieras y políticas», según indica el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria por escrito, con la que contesta varias preguntas formuladas por Vox al hilo de qué planes baraja desarrollar el Ejecutivo en esta materia.
Ese ‘racismo estructural’, que «perpetúa los obstáculos que entorpecen el camino de los ciudadanos simplemente por su origen racial o étnico», es el argumento de partida con el que el Gobierno de Sánchez justifica el despliegue de un «Marco estratégico de ciuda
El derecho a la información y la libertad de expresión están consagrados por la Constitución en su selecto listado de derechos fundamentales y libertades públicas. De ahí que su control por parte de poderes públicos sea cuestión altamente espinosa, más aún si tras ello asoma cariz partidista. Y de ahí, también, que se desatara el desconcierto cuando, en abril de 2020, en plena crisis del Covid, el Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel danía e inclusión, contra el racismo y la xenofobia», en el que se incluye «monitorizar» a medios de comunicación y redes. Su primera fase de aplicación se extendería hasta 2027.
Según el Gobierno, ese plan –que se está ultimando en estos momentos– «ofrece un escenario integral de actuación único y coloca a las potenciales víctimas del racismo en el centro de la agenda de la justicia social y la igualdad, incluye una perspectiva de género, presta atención a la interseccionalidad y ofrece coherencia en diferentes áreas prioritarias de actuación». Esa es la descripción literal con la que el Ejecutivo define su nuevo «Marco estratégico de ciudadanía e inclusión, contra el racismo y la xenofobia».
El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos achaca a las administraciones públicas españolas un supuesto «racismo estructural». Dice que hay que combatirlo y, al mismo tiempo, incidir también en la ciudadanía en general para inculcarle comportamientos más integradores ante la población inmigrante.
«Objetivos tácticos»
Por eso, en esta misma respuesta parlamentaria el Gobierno afirma que este nuevo «Marco estratégico» en el que está trabajando «se propone, entre sus objetivos tácticos, revisar las prácticas de las administraciones estatal, autonómica y local, para detec
Santiago, dijera que había agentes encargados de revisar opiniones, noticias y bulos sobre el coronavirus para «minimizar el clima contrario al Gobierno».
Ejemplo de polémico órgano de control mediático es el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), creado en 2005 y que cuenta con amplias competencias reglamentarias, sancionadora e inspectora sobre los medios audiovisuales de la región, tanto en aspectos técnicos como de contenidos. tar aquellas [prácticas] susceptibles de suponer racismo estructural para modificarlas».
El diseño de este plan de acción lo está pilotando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige el socialista José Luis Escrivá. Su diseño lo está realizando a través de la Secretaría de Estado de Migraciones y, más en concreto, desde dos órganos que dependen de ella: la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.
«Supervisar y monitorizar»
El «Marco estratégico» que está diseñando incluye varias «propuestas de acción», según indica el Gobierno en esta respuesta parlamentaria. Una de ellas es esa suerte de ‘brigada antirracismo’ para vigilar a medios de comunicación y redes sociales. El Ejecutivo define así esta medida: «El refuerzo y/o creación de organismos independientes contra el racismo y la xenofobia que supervisen y monitoricen los discursos de odio y estereotipación de la población migrante y refugiada en redes sociales, publicidad, medios de comunicación, etc.».
Lo que no detalla el Gobierno en esta respuesta parlamentaria es –más allá de los supuestos contemplados en la