Tres ministerios cuentan ya con entes para analizar y prevenir el racismo
En el ámbito penal trabajan, por su parte, especialistas de Fiscalía y fuerzas de seguridad
De izquierda a derecha, los ministros de Interior, Seguridad Social e Igualdad, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Escrivá e Irene Montero
El racismo es uno de los supuestos tipificados por el Código Penal en los delitos de odio. De su persecución se encargan las fuerzas de seguridad y la Justicia. La Fiscalía, de hecho, cuenta con un departamento especializado en delitos de odio y discriminación, con un fiscal de sala que ejerce como delegado coordinador a nivel estatal, junto a los fiscales especializados en la materia que hay en cada fiscalía provincial.
En paralelo, hay múltiples entes en la Administración dedicados a analizar, estudiar, asesorar o promover iniciativas contra el racismo. Además de los órganos repartidos en el entramado autonómico, tres ministerios se solapan entre sí en esta materia, con múltiples entes y entramados burocráticos con competencias en ese mismo campo. La ‘brigada antirracismo’ que sopesa crear el Gobierno sería otra instancia más.
Entre los entes que ya existen se encuentra el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, que depende de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración. Esta dirección general, a su vez, se incardina en la Secretaría de
Estado de Migraciones, del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que dirige el socialista José Luis Escrivá. Este ministerio es el que pilota el nuevo plan contra el racismo que incluye la posible creación de esa suerte de ‘brigada’ para «monitorizar» a medios de comunicación y redes sociales.
Por su parte, en el Ministerio del Interior funciona la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Y, además, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero (Podemos) cuenta con el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, vinculado a la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial.
Nutrido presupuesto
Esas estructuras ministeriales cuentan con un nutrido soporte presupuestario. El caso más notable es el de la Secretaría de Estado de Migraciones, a la que está vinculado el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Esa secretaría de Estado tiene asignado este año un presupuesto global de 634 millones de euros, de los que 570,2 están reservados específicamente para el área de «acciones en favor de los inmigrantes», apartado en el que se incluyen tanto el Observatorio del Racismo como otras actividades, programas y ayudas dirigidas a la integración, promoción y protección de la población inmigrante.
Por su parte, en el Ministerio de Igualdad, la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial cuenta este año con un presupuesto de 4,24 millones de euros. De ellos, 1,36 millones son para gastos de personal y tiene reservados 1,13 millones de euros para «estudios y trabajos técnicos». Vinculado a esa dirección general funciona, como órgano de asesoramiento y estudio, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.
Los ministerios de Inclusión y Seguridad Social, Interior e Igualdad se solapan entre sí en esta materia