Un impuesto anacrónico y contraproducente

Con la recaudación en máximos históricos, el Gobierno ha planteado un nuevo «impuesto de solidaridad», que le sirve para distraer su inacción en la necesaria mejora de la eficiencia del gasto público. El momento no puede ser peor, en puertas de una crisis económica y con elevada inflación, se apuesta por penalizar el ahorro.

Cabe recordar que este Impuesto sobre el Patrimonio no existe ya en ninguna economía de la Unión Europea, después de que todos los países que lo tuvieron lo hayan suprimido. En Alemania, por ejemplo, el IFO estimó que un impuesto de Patrimonio similar al que se plantea para España contraería la actividad en un 5% del PIB, con la consiguiente reducción neta de los ingresos tributarios totales.

Con estos multiplicadores aplicados para España, este nuevo impuesto podría suponer una pérdida a medio y largo plazo de casi cien mil empleos netos con el consiguiente deterioro de bienestar social, lo que no parece muy compatible con ningún tipo de solidaridad.

Esta medida supone anular la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas que, homologándose al resto de Europa, habían optado por no tener impuesto sobre Patrimonio, con la consiguiente negación de nuestro estado autonómico y agravio añadido entre las regiones de régimen común y foral. Esto es muy relevante, además, porque la corresponsabilidad fiscal es uno de los principales motores de eficiencia pública, en cuanto que actúa como mecanismo disciplinante para la gestión.

Plantear un tipo de gravamen adicional de hasta el 3,5%, que se añade a la nueva subida, hasta el 28%, de la tributación del ahorro en el IRPF, resulta potencialmente confiscatorio en un contexto de crisis en el que muchos activos tienen pérdidas. Asimismo, este impuesto supone una generalización de la doble imposición, ya que se hacen tributar ahorros que ya han sido gravados en el pasado y no se corrigen tributos como el IBI o el IRPF que también gravan la tenencia de activos.

El Gobierno es consciente de que lo que se necesita en este contexto son rebajas impositivas, como tímidamente, y de manera insuficiente, plantea para algunos colectivos como las pequeñas y las medianas empresas. Sin embargo, ha persistido en el error de seguir con subidas de impuestos, con un ánimo de castigar a las regiones con mejores prácticas tributarias.

Como consecuencia, vamos a perder competitividad y sufrir deslocalizaciones de individuos y sus ahorros a otras jurisdicciones. Desde la miope perspectiva de que la generación de riqueza es un juego de suma cero, se apuesta por castigarla, olvidando que es la única vía eficaz de solidaridad, progreso material y reducción de la pobreza a largo plazo.

Vamos a perder competitividad y a sufrir deslocalizaciones de individuos y sus ahorros

GREGORIO IZQUIERDO