Un espectáculo insoportable

Ese no Gobierno gobierna en un país donde las comunidades forales, entre las más ricas de España, no transfieren renta al resto de los territorios

¿ Hasta qué punto puede descomponerse un Estado sin dejar de ser un Estado? Estamos viviendo el proceso sobre la marcha, a cuenta, ahora, de la política fiscal. Empecemos por el señor Escrivá, ministro de la SS. En un momento de agobio, tras la decisión andaluza de sumarse a la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, Escrivá comentó hace unos días que España precisaba una recentralización fiscal. Lo interesante de esta observación, respetable en términos abstractos, es el contexto. La recentralización se estaba auspiciando desde un

Gobierno que está aliado a los independentistas y que no puede, ni quiere, asegurar el cumplimiento de la ley en regiones como Cataluña. Ese no Gobierno gobierna (o mejor, no gobierna) en un país donde las comunidades forales, entre las más ricas de España, no transfieren renta al resto de los territorios. Todo esto provocó que las palabras de Escrivá vibrasen con un acento surrealista. Los acontecimientos siguieron sucediéndose a velocidad de vértigo. Sánchez ensayó, en su lucha con Madrid y Andalucía, una retórica agonista: la necesidad de mantener los servicios públicos, etc. En mitad del calentón, Ximo Puig anuncia una rebaja de impuestos. ¿Dónde deja esto al Ejecutivo? En una disyuntiva: o fulmina a Puig, u oscurece lo suficiente la atmósfera. Es el momento de María Jesús Montero, a quien obscurecer las cosas se le da especialmente bien: las obscurece incluso cuando da los buenos días. Balance: suavizar las cargas impositivas para el tramo bajo de la renta, y endurecerlas arriba. ¿Se resuelve el problema de la financiación del Estado? La pregunta es extemporánea. Las medidas, improvisadas a paso de carga, no han sido precedidas por un estudio serio, ni fiscal, ni económico, ni jurídico. En realidad, la cosa no va de eso. Va de librar un pulso con el PP a costa de Madrid y Andalucía. Por ir a lo importante: la cosa va de recuperar para el Gobierno central el Impuesto sobre el Patrimonio por el procedimiento de añadir a este una nueva figura que neutralice su bonificación por Ayuso y Moreno Bonilla. Cuatro observaciones:

1) La medida sería, no improbablemente, ilegal.

2) El Impuesto sobre el Patrimonio está desapareciendo en casi todo el mundo. No solo sus efectos económicos son poco significativos, sino que conlleva, como es bien sabido, una doble imposición.

3) La gente no lo quiere. Según las encuestas, la derecha se opone masivamente, y casi un tercio de los votantes socialistas (y de los de UP) lo rechaza.

4) El recorte de competencias reales a dos comunidades (y, potencialmente, a muchas otras más) será percibido como un agravio, máxime cuando el Gobierno está a partir de un piñón con Bildu, ERC y demás fuerzas disolventes de la nación.

Todo esto es grave. Pero todavía lo es más el uso que se está haciendo del Estado de las Autonomías. En un país razonable, existiría una Cámara Territorial donde las comunidades concertarían sus políticas, o, al menos, dirimirían civilizadamente sus diferencias. No es contrario a un concepto federalista que los territorios ensayen distintas fórmulas fiscales, siempre y cuando transfieran rentas conforme a criterios bien definidos. Tampoco es absurdo que un país apueste por políticas de centralización. Sí es lamentable que se haga oposición nacional a través de las autonomías, o que los principios que gasta el gobierno central sean arbitrarios, no obedezcan a una visión general, y se pongan y quiten al compás de urgencias políticas imprevistas. La excepción foral, un escándalo enquistado en el sistema, completa el cuadro. El espectáculo raya en lo insoportable.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero