El 41% de los maltratadores reinciden al salir de prisión, el doble que un reo común
Los centros educativos catalanes que desoigan las sentencias lingüísticas podrían enfrentarse a sanciones de hasta 1.500 euros diarios. Así lo prevé el artículo 112 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa que recoge «multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros al día para los funcionarios, las autoridades o los agentes que incumplan los requerimientos de un juez o una sala». La jurisprudencia prevé también pedir responsabilidades penales a los autores de los incumplimientos, sea el propio centro o la administración.
Eso significa, según apunta en declaraciones a ABC el abogado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano –entidad integrada en la plataforma Escuela de Todos–, que todas las escuelas e institutos en Cataluña que están incumpliendo los fallos que les obligan a impartir al menos un 25 por ciento de castellano en sus aulas podrían tener que hacer frente a estas sanciones. Entre ellos se encontraría el Josefina Ibáñez de Abrera (Barcelona), uno de los ocho centros que decidió, siguiendo las instrucciones de la Generalitat, retirar la proporción de castellano en sus aulas pese a tener una sentencia firme que le dicta ese porcentaje del 25%, y que ayer recibió un ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Ultimátum
El Alto Tribunal catalán dio un plazo de diez días a la escuela para que cumpla la sentencia de marzo de 2021 –ratificada el pasado mes de agosto por el Tribunal Supremo (TS)– que le obliga a impartir esa proporción de castellano a dos alumnos de Educación Infantil y a anular, además, su proyecto lingüístico, por no incluir el castellano como lengua vehicular.
El auto del TSJC en 2021 ya obligaba al colegio a impartir a dos alumnos (uno de P3 y otro de P4) y por extensión a sus compañeros de aula una asignatura troncal en castellano, que no fuera la de Lengua y Literatura Castellana. Instaba al centro, asimismo, a anular su proyecto lingüístico «en la medida en que no contempla el carácter vehicular del castellano como lengua oficial, junto con el catalán».
El Govern interpuso un recurso de casación contra el fallo y ahora el TSJC le da diez días de plazo para que lo cumpla. La Generalitat había recurrido la
Jordi López Gil, uno de los padres con el 25% adjudicado por la Justicia//
decisión considerando que los padres recurrentes no tenían legitimidad, pero el Supremo no lo admitió e impuso mil euros de costas a la Administración autonómica. «Si transcurre el plazo que le ha dado el TSJC y no acata la sentencia, notificaremos el incumplimiento al tribunal y este puede hacer varias cosas:
instar al centro a que la cumpla, multarlo, abrir un procedimiento penal por desobediencia...», precisa Domingo.
Insta al Gobierno de Sánchez
Por otro lado, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, recordó ayer en un desayuno informativo celebrado en Madrid que «son las autoridades nacionales las que tienen que garantizar la aplicación correcta de las sentencias adoptadas por los tribunales». Lo dijo a propósito del incumplimiento por parte del Gobierno catalán de la sentencia de diciembre de 2020 del TSJC que obliga a impartir un 25% de castellano en todo el sistema educativo.
Reynders, conocedor del problema del incumplimiento de dicha resolución, dijo que «si hay falta de implementación de una sentencia judicial y el Estado no tiene capacidad de aplicar la implementación de dicha sentencia, quizás haya que empezar con una advertencia en el Rule of Law Report (Informe sobre el Estado de Derecho que elabora la Comisión) y ver qué pasa».
Las asociaciones que integran la plataforma Escuela de Todos valoraron el pronunciamiento del comisario, que refuerza su «reivindicación por el bilingüismo y el cumplimiento de los fallos que amparan el derecho a recibir al menos un 25% de clases en castellano».
Un estudio pionero elaborado por Instituciones Penitenciarias con datos recopilados durante diez años (entre 2009 y 2019) ha situado la tasa general de reincidencia en el 19,98% (es decir, dos de cada diez presos vuelven a cometer algún delito después de haber sido puestos en libertad). Entre los presos que reincidieron, el 41% de los condenados por violencia de género repitió estas agresiones al salir de prisión. De los condenados por robos y hurtos, el 76% reiteró esta misma tipología; por un 42,48% en delitos contra la salud pública; un 30% en los de seguridad vial y un 22% en los que atentan contra la libertad sexual. El índice de reincidencia en los casos de homicidio fue de un 6,55% y la tasa más alta se produce entre el primer y segundo año tras recobrar su libertad: un 4,11%.
Así lo revela un estudio pionero, de la Central de Observación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y presentado ayer en Burgos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Dicha investigación ha analizado las 19.909 excarcelaciones que se produjeron durante el año 2009. Se ha procedido a estudiar cuántos reos volvieron a ingresar en prisión en la década siguiente –hasta 2019– para cumplir condena por un delito que cometieran tras su puesta en libertad.
Y la conclusión fue que de las 19.909 personas que fueron excarceladas en 2009, 3.978 reincidieron. De estos, 423 lo hicieron por delitos de violencia machista: 176 (un 41,6%) reiteraron el mismo tipo delictivo, mientras que otros 247 reos cometieron otro tipo de delito al margen de la violencia de género.
Español de mediana edad
Los datos han permitido establecer un perfil de la persona que reincide: hombre español de 31 a 50 años. Un 5,3% tenía más de 51 años y el 0,13%, más de 71. La tasa de reincidencia es inferior entre extranjeros que españoles (7,92% frente al 24,83%).
Grande-Marlaska subrayó que los datos obtenidos «evalúan la eficacia del sistema, le ponen nota al grado de cumplimiento del mandato constitucional asignado a la Administración Penitenciaria: trabajar por la reinserción social. Y en mi opinión se trata de una nota muy alta», indicó. El titular de Interior quiere ver el vaso medio lleno: «Prefiero decirlo de otra manera: el 80,02% de los internos que cumplen su condena y alcanzan la libertad no vuelven a prisión por cometer nuevos hechos delictivos».