LA ALTERNATIVA NUCLEAR

Varios países vuelven a recurrir a la energía nuclear, una fuente de energía barata y limpia, con riesgos gestionables, pero que en España la izquierda tiene vetada

EDITORIALES

L Acrisis energética que vivimos, que se inició tras la pandemia y que se agudizó con la invasión rusa de Ucrania, ha puesto en evidencia el gran error que ha supuesto en Europa mezclar la política medioambiental con la política energética. Esta última siempre estuvo ligada a la geoestrategia, y por eso las áreas ricas en combustibles fósiles eran también zonas de conflicto político o militar. La llegada del medioambientalismo a la gestión energética trajo algunos beneficios, pero también penalidades. Ahora están quedando a la vista. Esa mirada alimentó el error de Alemania al hacerse dependiente del gas ruso, que se ha visto sazonado por el episodio más emblemático de la ingenuidad europea actual: la voladura ante las narices de algunos de los más reputados países del continente de los gasoductos submarinos del mar del Norte. Esto ha expuesto la falta de vigilancia y supervisión de una infraestructura crítica.

Diversos países ya se han percatado de que las políticas energéticas no pueden seguir siendo concebidas bajo este prisma. Y una de las respuestas más rápidas y efectivas en la actual coyuntura es volver a mirar a la energía nuclear, cuyas características la hacen especialmente adecuada para sostener la transición hacia una economnía descarbonizada, como han advertido los científicos desde hace años. Esto permitiría mantener una buena parte de los objetivos climáticos, sin exponerse a las vicisitudes geoestratégicas. Reino Unido, Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur o Japón –país que se ha visto especialmente perjudicado por la energía nuclear a lo largo de su historia reciente– ya se han liberado de sus fantasmas y prejuicios políticos, y están considerando la construcción de nuevos reactores o la ampliación de la vida útil de los que ya tienen, como ayer mismo señaló el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner.

Muchos pensaron que cuando esta crisis llamara abiertamente a la puerta los partidos de la izquierda democrática abrirían un debate sobre su actitud hacia la energía nuclear. Pero en España desafortunadamente no ha sido así. El Gobierno de Pedro Sánchez pactó en 2019 con el sector eléctrico cerrar las centrales nucleares entre 2027 y 2035, y no se ha movido de esta postura para replantearse esta situación pese a que los plazos siguen corriendo. Las alegaciones de que es el mismo sector eléctrico el que ya no considera rentable esta energía olvidan que cuando se produjo el pacto, el precio del megavatio estaba en cincuenta euros –casi en el límite de la rentabilidad atómica– y ahora es cuatro veces superior, y, sobre todo, omiten que el Estado es el regulador del sector, capaz de cambiar tarifas y rentabilidades con una simple publicación en el BOE. Felipe González, cuyo Gobierno introdujo la moratoria nuclear en nuestro país y que llegó a paralizar centrales como la de Vandellós, se ha mostrado a favor de volver a evaluar la cuestión de la vida útil de los reactores atómicos. Pero no parece que un razonamiento tan atinado haya sido recogido por los políticos que hoy están en el Gobierno.

La nuclear no sólo contribuye a bajar los precios del mix de generación de energía, sino que, dado que su suministro es continuo, constituye una energía de respaldo imprescindible para un sistema eléctrico que quiera dar preeminencia a las energías renovables, cuyo flujo no es permanente y que requeriría de sistemas de almacenamiento de gran capacidad que aún no han sido desarrollados. Es la tecnología, cada vez más segura, la que debe sustituir a los dogmas.