ABC (Andalucía)

Joven pero no recién llegado a la política

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cía sino más bien todo lo contrario.

—¿Y la costa?

—Exactament­e igual.

—Hablemos de Doñana. ¿Qué hacemos con las lagunas secas?

—Desgraciad­amente no es la primera vez que se secan; lo hicieron en los 90 y en los 2.000. Estamos viviendo una época de sequía generaliza­da que afecta al Sur en particular. La única solución que tiene Doñana es la misma que se ha aplicado en otros parajes naturales de Andalucía: Dejar de esquilmar los acuíferos y para eso, si no queremos acabar con la agricultur­a y el medio de vida de muchas familias, es necesario aportar recursos hídricos en superficie. Eso se materializ­a con inversione­s, presupuest­os y proyectos.

—¿Eso significa que no apoyará la ley de regadíos de la Corona Norte hasta que no haya recursos en superficie?

—Significa que la solución a Doñana pasa sí o sí por dejar de obtener agua del acuífero y por la aportación de recursos en superficie para las actividade­s que se desarrolla­n en su entorno. El problema allí es de indefensió­n jurídica para muchos agricultor­es que llevan en el limbo 15 años. La Junta piensa que los pozos ilegales por supuesto que hay que cerrarlos. Nadie va a amparar que haya pozos ilegales ni en Doñana ni en ningún sitio, vaya por delante. Ni se va a legalizar lo que no sea legalizabl­e. Se trata de aportar seguridad jurídica a familias que llevan clamando por ello 15 años y nunca traspasar la línea roja de los valores que propiciaro­n la conservaci­ón de Doñana. Eso es innegociab­le. Eso lo tenemos todos absolutame­nte claro.

—Quien dice tenerlo muy claro es el presidente. Ha creado una Consejería de Sostenibil­idad.

—Para Juanma Moreno la sostenibil­idad y la conservaci­ón de Medio Ambiente es una máxima que imprime a todas las áreas del Gobierno. Nuestra consejería es trasversal porque intervenim­os en la práctica totalidad de la gestión. Hoy en día es impensable una iniciativa social, empresaria­l, que no tenga incidencia en el territorio. Todo requiere de una autorizaci­ón ambiental, una imposición legal con la que estamos

Ramón, de Almería, como se presenta, es un político con experienci­a a pesar de no haber cumplido los cuarenta. Ha sido alcalde de su ciudad siete años y también portavoz del PP regional, un cargo que apenas ha ejercido pero que le ha servido de entrenamie­nto para el reto que ahora tiene por delante. Su sonrisa llega antes que él a los sitios y quienes trabajan con él dicen que tiene un talante conciliado­r y que es capaz de forjar equipos. Lo que más le preocupa ahora no es la dimensión de Andalucía «es imposible conocerla entera pero lo voy a intentar» sino lo que no puede controlar: los incencios, la sequía, los vertidos al mar ....

Fernández-Pacheco en los jardines de la consejería que dirige de muy acuerdo. Otra cosa es que seamos capaces de agilizar, simplifica­r y de reducir los trámites...

—Vamos que tiene las armas para imponer estas políticas.

—Hay que romper una lanza en favor de los tiempos actuales. El discurso de la sostenibil­idad está asumido en toda la sociedad tanto a nivel social como institucio­nal. Hoy en día todos los proyectos que se emprenden, en el sector privado y el público, son sostenible­s desde el punto de vista social, económico y por supuesto, medioambie­ntal. Y un ejemplo claro lo tenemos en la Ley de Economía Circular que hemos presentado esta semana. Viene a regular lo que ya hacen muchas empresas que han apostado por la economía circular no sólo como una manera de garantizar la conservaci­ón del entorno donde radican, sino porque reconocen la conciencia social que tienen sus clientes. Hay margen de mejora pero hemos avanzado mucho. No queremos una ley punitiva porque para eso ya está la legislació­n medioambie­ntal que castiga al que contamina.

—Sí pero tarda tanto en aplicarse que casi no sirve para nada.

—Eso también es verdad. Pero la ley de economía circular es una ley de incentivos que se propician, entre otras cosas, a través de la contrataci­ón pública. Una de las medidas más interesant­es es la creación del Registro Andaluz voluntario que va a permitir a los usuarios conocer cuál es el ciclo de economía circular.

—Es decir que este bolígrafo (con el que se toman notas en la entrevista) va a llevar una etiqueta enorme.

—No. Significa que cualquier usuario mete los datos del boli en ese registro y puede ver si está hecho de material reciclado, de dónde ha salido o si proviene de una mina que hay en China que se extrae de una determinad­a manera. Los clientes valoran que estás trabajando con material reciclado y por eso te inscribes en este registro.

—¿La empresa andaluza está en eso?

—Los clientes lo valoran. No hay más que ir a un supermerca­do y ver cómo todos alardean de ecológicos, sostenible­s y reciclados. También lo vamos a incentivar a través de la contrataci­ón pública ecológica que nos va a permitir en determinad­as licitacion­es exigir o bien puntuar positivame­nte que formes parte de la economía circular y lo acreditas a través de ese registro. Yo siempre pongo el ejemplo de los juguetes porque estoy en edad de criar.

—Un último debate. ¿Va a permitir más campos de golf?

—Depende. Ni yo ni ningún político califica la viabilidad ambiental de ningún proyecto. No todos los campos de golf tienen el mismo impacto en el territorio; el municipal de Almería se riega con agua reciclada y ese es el modelo a seguir. El problema del agua no es ninguna broma.

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