LAS CUENTAS MÁS ELECTORALISTAS
El acuerdo presupuestario anunciado por la coalición que gobierna no busca que España sortee la crisis económica que se viene encima, sino que Sánchez y sus socios sigan en el poder
LOS Presupuestos anunciados ayer tras el acuerdo político alcanzado con nocturnidad entre el PSOE y Podemos para impulsarlos en el Parlamento no están diseñados para responder a la crisis económica que debe intentar sortear España en los próximos meses, sino para concurrir a las diferentes convocatorias electorales que se avecinan. Ha sido precisamente ayer, el día en que el FMI volvía a pedir a los distintos países que desplegaran políticas fiscales prudentes que ayuden a los bancos centrales a combatir el flagelo de la inflación, cuando el Gobierno ha decidido echar la casa por la ventana con unas cuentas que proclaman «un gasto social histórico». La ortodoxia aconsejaba unas cuentas más austeras para no seguir alimentando el incendio inflacionario y no dejar la búsqueda de soluciones únicamente en manos de la política monetaria de los bancos centrales. Pero está claro que las prioridades en La Moncloa para 2023 son otras muy distintas.
Este diseño presupuestario constituye una enorme baza política para Pedro Sánchez. La partida de pensiones, que afecta a casi 10 millones de personas, un colectivo con una importancia electoral indiscutible, crece con fuerza, en torno a un 8,5 por ciento según las estimaciones, debido al compromiso del Ejecutivo de revalorizarlas según el IPC. Las jubilaciones suponen casi el 70 por ciento de todo el gasto social anunciado y representan cuatro de cada diez euros contemplados en las cuentas públicas. Es una cuantía y un peso extraordinario no solo en los Presupuestos de 2023, sino en los del futuro ya que las cifras se van consolidando. El resto del gasto social se dispersa en un sinfín de subvenciones, ayudas, becas y cheques dirigidos a distintos colectivos. Los funcionarios, otro grupo estratégico para el Gobierno, también recibirán una subida del 3,5 por ciento en sus emolumentos. Hay algunas imposiciones de Podemos que resultan difíciles de encajar técnicamente. Subir la prestación a los parados de larga duración a partir de los seis meses es una medida que difícilmente incentivará la búsqueda de empleo.
Resulta significativo que Yolanda Díaz aceptara pactar estas cuentas sin resolver cuestiones a las que atribuía gran importancia, como su proyecto de ley de vivienda, la llamada ley ‘mordaza’ o el aumento del gasto militar. En este último punto, Sánchez le ha doblado la mano a la coalición de extrema izquierda con la que cohabita al conseguir que el gasto en Defensa se incremente un 25,8 por ciento. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, presumía ayer de la «satisfacción» que reinaba en el Consejo de Ministros por la aprobación de su tercer anteproyecto de Presupuestos después de que Sánchez viviera tres años prorrogando las últimas cuentas que elaboró Cristóbal Montoro antes de que Mariano Rajoy fuera desalojado por la moción de censura de 2018.
Sin embargo, el acuerdo presupuestario dentro de la alianza de gobierno y que aún debe conseguir el apoyo de las otras fuerzas políticas que suelen concurrir a la ‘coalición Frankenstein’ (ERC, Bildu, Compromís, Junts, Teruel Existe), no ha conseguido frenar el proceso de creciente competencia fiscal autonómica que Sánchez quiso parar la semana pasada creando un segundo impuesto de patrimonio nacional. Ayer, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, anunció su propia bajada del IRPF para las rentas de menos de 30.000 euros, en la línea de la que prometió el presidente de la Comunidad Valenciana la semana pasada. Su anuncio, pese a ser acallado por el pacto presupuestario, no deja de evidenciar la distancia entre Sánchez y sus presidentes autonómicos.