Los empresarios se cansan de los ataques fiscales de Montero: «Están legislando contra la inversión»
Cunde la sospecha de que el Gobierno no busca recaudar, sino sacar rédito político
Navegando por un mar de incertidumbres que hace difícil saber cuánto se va a facturar el mes que viene, el último embate fiscal del Gobierno ha agitado el ánimo de la clase empresarial española. «No nos han podido echar las pandemias, ni podrá con nosotros la inflación, ni la crisis energética y espero que tampoco la marejada fiscal que vivimos estos días». Así lo trasladó el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, en su discurso de cierre del XXV Congreso Nacional del club que reúne a las principales sagas empresariales del país, las que gestionan negocios que explican el 70% del empleo privado y el 60% del PIB del país.
En público, los empresarios prefieren no ir al choque con el Gobierno y, como dijo ayer Sendagorta, hacer frente a las dificultades como «nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron». Sin embargo, en privado aflora el enfado con el rosario de pullas fiscales que le han caído al mundo de la empresa desde el Ejecutivo en los últimos años.
Ataque a la inversión
«Parece como si a las empresas no nos estuviera afectando la inflación. Estamos soportando como todos una subida muy fuerte de la factura eléctrica que a algunos nos han hasta triplicado el coste y encima nos ponen más cargas fiscales. No tiene explicación», asegura un empresario del sector de la hostelería.
«Lo vemos mal. El Gobierno parece no ser consciente de que las empresas también están siendo golpeadas con la inflación. Están legislando en contra de la inversión», asegura el presidente de una gran empresa industrial del país.
Preguntado por el asunto, que se ha convertido en uno de los principales motivos de queja de los empresarios en la reunión que mantenido en Cáceres entre el domingo y el martes, Sendagorta optó por la prudencia y por esperar a conocer el aspecto definitivo de las medidas fiscales planteadas por el Gobierno.
Otros empresarios ya se han hecho una composición de lugar. «Por un lado nos limitan la posibilidad de compensar las pérdidas que hemos tenido durante la pandemia, justo ahora que empezábamos a remontar. Por otro, van contra las rentas que obtenemos de nuestro trabajo con lo del Impuesto de Patrimonio. Luego no podremos extrañarnos si la inversión opta por ir a otros países antes que a España», aseguró otro de los asistentes al Congreso, que es el principal cónclave empresarial del año.
Los empresarios valoraron el discurso del presidente del Partido Popular , Alberto Núñez Feijóo, en ese ámbito. Al contrario de su predecesor en el cargo, Pablo Casado, Feijóo no se presentó ante los empresarios con promesas de bajadas y supresión de impuestos en el caso de que tuviera la oportunidad de gobernar. Pero se comprometió a garantizar seguridad jurídica y un marco fiscal en el que primara la realidad sobre la ideología.
«No necesitamos que nos ayuden o que nos bajen los impuestos, lo que venimos pidiendo desde hace años es un marco de certidumbre y que no nos estén cambiando el terreno de juego un año sí y otro también», lamentaba un empresario aragonés.
El presidente del Instituto de la Empresa Familiar optó por el concepto
Los empresarios no piden rebajas fiscales sino un marco estable en un contexto de turbulencias
de marejada fiscal para referirse al último ataque del Gobierno. Luego, ante los periodistas, se explicó► «Una marajada se da cuando las olas no responden a la dirección del viento y no se sabe muy bien como navegarlas. Los empresarios nos sentimos así», confesó.
Otro de los empresarios consultados lamentaba el sesgo político de la medidas fiscales sobre la empresa. «Existe la posibilidad de que se entienda que hay una necesidad puntual de ingresos fiscales o de que la contribución fiscal de las empresas sea mayor. Pero tenemos la sensación de que no hay tanto de eso como de contentar a determinados círculos políticos actuando contra las empresas. Eso sería realmente lamentable».
En los últimos años, el Gobierno ha establecido un tipo del 5% sobre los dividentos procedentes de fuente extranjero, ha establecido un tipo mínimo del 15% en Sociedades, ha peleado en Bruselas por implantar ya desde el año que viene el impuesto mínimo (también del 15%) planteado por Bruselas, que opera sobre las grandes multinacionales; y ahora ha planteado la limitación a la mitad de las pérdidas que las grandes empresas se pueden compensar en el impuesto.
La medida obligará a las empresas a realizar un adelanto de unos 2.300 millones de euros a las arcas públicas, que luego recuperará vía crédito fiscal.