Las rentas bajas tributan más donde gobierna el PSOE que en Andalucía 99%
▶Los contribuyentes con sueldos de 15.500 a 19.300 euros pagan más IRPF en seis comunidades socialistas ▶Andalucía ha subido once puestos en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal desde 2017 gracias a las rebajas
Las familias más humildes soportan menor presión fiscal en Andalucía que en seis comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. En ningún territorio bajo el mando de un barón socialista, a excepción de Canarias –que tiene un trato diferente por su insularidad–, los contribuyentes con menos ingresos pagan más impuestos en relación a su renta que en la comunidad andaluza que gobierna Juanma Moreno. Ésta es una de las conclusiones que ofrece el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal de 2022 que estudia, compara y clasifica los sistemas tributarios de todas las regiones y las tres diputaciones forales del País Vasco.
Andalucía ocupa el sexto lugar en la cuota que pagan las rentas bajas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, que destaca que ésta es una de las comunidades que, en términos generales, «más mejora su competitividad fiscal» después de utilizar su capacidad de autogobierno para reducir gravámenes, aplicar deducciones y aliviar el quebranto que supone para las familias la desbocada subida de los precios de la energía y los alimentos básicos.
El estudio se ha publicado cuando aún colea la controversia política en torno a la iniciativa impulsada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, para suprimir el Impuesto sobre Patrimonio y deflactar el IRPF. Su anuncio, realizado hace dos semanas, ha sido neutralizada desde el Gobierno de Pedro Sánchez con una contrarreforma que, entre otras medidas, rescata un nuevo impuesto a las grandes fortunas que será deducible con el de Patrimonio.
Para analizar los sistemas fiscales más competitivos, el informe calcula el promedio del IRPF que pagan los contribuyentes con un sueldo bruto de 15.500 euros (el más común en España) y otro de 19.300 euros. Cuanto más reducido es el IRPF para las citadas rentas, en mejor posición se coloca cada autonomía. Están obligados a presentar la declaración de la Renta aquellos que hayan recibido unos ingresos por debajo de los 22.000 o 14.000 euros, dependiendo del número de pagadores y la cuantía ingresada por estos. En el País Vasco, donde gobierna el PNV, y Cataluña, con los independentistas de ERC al frente del Ejecutivo, así como Aragón, Asturias, Navarra, Baleares, Extremadura y la Comunidad Valenciana, territorios todos ellos con presidentes autonómicos socialistas, las familias con las rentas bajas tributan más que en la comunidad andaluza, según el citado estudio.
Familias numerosas
En plena dialéctica política sobre los ricos y los pobres, el mantra de los que menos tienen más pagan no se compadece con la realidad. Tampoco entre las clases medias. El informe compara lo que se paga en cada territorio quienes tiene un sueldo bruto de 24.400 euros, «el sueldo medio en España». Cataluña es la comunidad donde más impuestos abona un contribuyente con una nómina media, seguida de Navarra. Andalucía ocupa un lugar intermedio en la tabla, la undécima posición, por detrás de Madrid, las tres provincias vascas y La Rioja.
Sin embargo, los andaluces con la misma renta media pagan también menos que extremeños, baleares, aragoneses y valencianos. Los contribuyentes que viven en Andalucía con rentas medias-altas (tomando como referencia un sueldo de 45.000 euros) y altas (con uno de 150.000 euros) soportan la misma presión fiscal que los manchegos, por ejemplo, donde gobierna el barón socialista Emiliano García-Page. En dichos tramos de renta, la comunidad andaluza se coloca en una posición intermedia en la clasificación.
El IRPF es el impuesto progresivo que funciona por tramos, es decir, va
Reducción que aplica Andalucía desde 2019 a familiares directos (hijos, nietos y cónyuges).
La comunidad ha aplicado rebajas en la declaración de la Renta para las familias numerosas a partir de 2022
aumentando según crecen los ingresos. Su gestión está parcialmente cedida a las autonomías, que puede aprovechar su margen de maniobra para deducir determinados gastos y aplicar reducciones por la obtención de rendimientos de trabajo. En 2019, modificó a la baja la escala autonómica del IRPF reduciendo el gravamen de los tramos, y aprobó reducciones anuales progresivas hasta 2023 que anticipó al año 2022. También ha mejorado el tratamiento fiscal de las familias numerosas al elevar el límite de la base imponible desde 19.000 a 25.000 euros en la tributación individual y a 30.000 en la conjunta para que más hogares se puedan beneficiar de dicha deducción.
Más competitiva ahora
Andalucía ha mejorado su competitividad fiscal de la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation
Con carácter general, Andalucía mejora su puntuación en 1,01 puntos en el último Índice de Competitividad Fiscal que compara cinco figuras impositivas► IRPR, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Su nota es del 6,19, en una escala de puntuación de 0 a 10 en la que cero
representa la peor entre los territorios comparados. Desde 2017 hasta 2022, sin incluir la eliminación del Impuesto sobre Patrimonio, ha escalado desde la decimosexta posición a la séptima, que es la quinta si se agrupan las tres provincias vascas que se analizan por separado.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Andalucía aplica desde 2019 una bonificación del 99% de la cuota a los cónyuges y parientes directos, y mantiene la reducción de 1.000.000 de euros sobre la base imponible, modificación de 2018, que le lleva a liderar el índice correspondiente, junto a Cantabria y Galicia, señala el informe.
En 2021, el Gobierno andaluz rebajó también el impuesto de transmisiones patrimoniales (que se paga en la compraventa de viviendas de segunda mano, por ejemplo), de manera que los tres tipos fijados en el 8, el 9 y el 10 por ciento se sustituyeron por un tipo único del 7 por ciento. Además, redujo el impuesto sobre los actos jurídicos documentados, que pasó del 1,5% al 1,2%.