Los jueces piden refuerzos para juzgar ‘Astapa’ casi 15 años después de estallar el caso
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga pide refuerzos para poder juzgar ‘Astapa’, el caso de corrupción política que estalló en Estepona en 2008. En una providencia conocida ayer, solicita más funcionarios y más magistrados para afrontar la causa contra los 50 acusados que se sentaráne en el banquillo de los acusados el próximo noviembre de 2023. Para ese entonces, se habrán cumplido 15 años desde que se produjeron las detenciones en el Ayuntamiento, entre otros del alcalde socialista, Antonio Barrientos.
El volumen de información de ‘Astapa’ en prolijo y consta de 351.114 folios, divididas en 128 tomos principales con más de 71.000 folios y 646 de piezas documentales con 260.472 folios. La Sección Tercera recibió este año toda la documentación sobre este caso en el que se tiene citados a 248 testigos y 48 peritos, a los que hay que tomar declaración. La causa cuenta con tres acusaciones y tiene hasta 27 entidades responsables de forma subsidiarias.
Ante este complejo entramado de información, la Audiencia de Málaga asegura que no sólo precisa personal para poder llevar a cabo el juicio sin retrasos, sino para garantizar el normal funcionamiento de la sección dentro de la propia Audiencia Provincial, ya que se quedaría sin recursos para el resto de causas que tiene que enjuiciar.
Corrupción en la Costa
Por esta razón, pide el nombramiento de funcionarios, técnicos informáticos y demás personal auxiliar necesarios para la tramitación, como la designación de dos magistrados para actuar en la Sección Tercera. Hay precedentes para este refuerzo. En el caso ‘Malaya’, juzgada en la Sección Primera de la Audiencia de Málaga se produjo esta entrada de personal nuevo. El tribunal juzgó a los 95 acusados y unos 400 testigos en casi 200 sesiones.
‘Astapa’ es uno de los grandes casos de corrupción de la Costa del Sol. La causa ha sido llevada durante años por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepona en unas condiciones muy precarias por la falta de espacio y de instalaciones en las que había incluso problemas para almacenar la documentación de esta causa por delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.