La Ley de Memoria de Sánchez ya amplía y sustituye a la de Zapatero

La oposición denuncia

sustituye y amplía la anterior, viese la luz defintivamente en el Senado, donde fue aprobada por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones.

El ajustado resultado refleja la oposición en bloque de las formaciones del centro-derecha (PP, Vox y Ciudadanos defendieron vetos a la totalidad en el pleno de la Cámara Alta, como también hizo UPN) pero al mismo tiempo el descontento de algunos de los socios parlamentarios, incluidos los más escorados a la izquierda, que consideran insuficiente o mejorable la norma, postura con la que singularmente se distingue ERC. Finalmente tanto las enmiendas totales como parciales (más de 500) fueron rechazadas y el texto no volverá al

Congreso, sino que irá directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fue precisamente el recelo de los independentistas catalanes lo que bloqueó durantes meses uno de los principales proyectos del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que solo pudo desatascarlo gracias al concurso de Bildu, la formación heredera del brazo político de ETA, que ha dejado su impronta en el nuevo texto legal, fundamentalmente en el establecimiento de una comisión que estudiará casos de represión política hasta diciembre de 1983, cuando la Constitución ya llevaba un lustro aprobada y Felipe González, el primer presidente socialista, un año en el poder. La ley declara ilegales los tribunales y el ordenamiento jurídico de la dictadura e incluso el franquismo en sí mismo, una pretensión que algunos constitucionalistas han criticado por considerar que ignora la disposición derogatoria de la propia Carta Magna.

El único ministro presente ayer en la bancada azul fue el de la Presidencia, Félix Bolaños, quien aunque no intervino en el debate sí que atendió en varias ocasiones a los medios para celebrar lo que no dudó en tildar de «día inolvidable para la democracia española» en el que nuestro país, a su juicio, pasa «definitivamente página de la etapa más negra de nuestra historia, de la dictadura y de la Guerra Civil, y abrazamos lo mejor de nuestra historia». Bolaños arremetió también contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por su compromiso de derogar la norma si llega a La Moncloa. Unas palabras que, según el ministro, «le perseguirán».

Olvido de ETA

Los representantes de la oposición atacaron la nueva ley asegurando que pretende «deslegitimar» la Transición y el espíritu de «concordia y de cerrar heridas» entre los españoles. La senadora socialista Eva Granados les replicó que «las heridas no se cerrarán hasta que no se abran las fosas». Los representantes de PP y Cs, Amelia Salanueva y Miguel Sánchez, coincidieron en defender como justa la exhumación de los cuerpos de personas represalidas, pero matizaron que para ello no es necesaria una norma de este cariz. Por su parte, el senador de Vox, José Manuel Marín, se dirigió a la bancada socialista para espetarle que «no tienen la representación en exclusiva de los descendientes de los perdedores de la Guerra Civil» ya que muchos, dijo, pertenecen o votan a su partido.

Los partidos del centro-derecha reprocharon al Gobierno que la ley olvida a las víctimas de ETA, de cuyos nombres se acordó en especial el representante de UPN, Alberto Catalán. Para el socialista Armeti Rallo, esa acusación es «un burdo intento de manipulación». Varios de los senadores que tomaron la palabra hicieron mención a algunos de sus antepasados, entre ellos la socialista Margarita Adrio, que recordó a su tío fusilado en 1936 por haber defendido a la República, o el senador de Cs Sánchez, que habló de un abuelo agricultor al que «fueron a dar el paseíllo» en un pueblo de Murcia aunque, relató, pudo «esconderse» y terminó trabando amistad con quienes habían pretendido represaliarle. Pese a todo, el debate no tuvo un carácter tan bronco como el del pasado mes de julio en el Congreso, que provocó escenas de mucha tensión entre partidarios y detractores de la ley.

En la tribuna de invitados siguieron la larga sesión, de cinco horas de duración, representantes de las asociaciones memorialísticas, a las que el presidente del Senado, Ander Gil, mandó un saludo al finalizar la votación.