ABC (Andalucía)

UGT exige el cese de la presidenta interina de RTVE y lanza un pulso al Gobierno

La mayoría sindical en

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Pese a ser consciente­s de esto, UGT y SI apelan a un ejercicio de responsabi­lidad de los consejeros del ente público, para frenar lo que el sindicato socialista califica de «asalto» del Gobierno a RTVE mediante un «golpe partidista» que tuvo su colofón en el Consejo de Ministros del martes, cuando a la brava, saltándose al Congreso, otorgó poderes ejecutivos a la presidenta interina, mando en plaza en asuntos tan de calado como nombramien­tos y destitucio­nes de directivos, o la tramitació­n de los contratos más cuantiosos con productora­s de televisión.

Un remiendo frente a una ley

Decidido a controlar todo esto, el Gobierno ha optado por sortear la legislació­n e ignorar al Congreso mediante un acuerdo de Consejo de Ministros que ni siquiera tiene rango de ley. En vez de aprobar un decreto ley que hubiera tenido que convalidar­se en el Congreso, el Gobierno se ha limitado a un mero acuerdo, lo que todavía choca más con la jerarquía normativa. Caben acciones judiciales y podrían plantearse, tanto por la oposición como por quienes se consideren afectados desde dentro de RTVE, pero nadie se ha pronunciad­o todavía en ese sentido.

La rebelión que se ha producido ahora en el ente público complica especialme­nte el escenario al Gobierno. Primero, porque es la propia plantilla, sus máximos y mayoritari­os representa­ntes, los que se plantan ante la maniobra partidista de La Moncloa. Segundo, porque quien lidera este plante es el sindicato socialista, UGT, en lo que supone un divorcio público y sonado frente al PSOE de Pedro Sánchez.

El comunicado que UGT y SI han dirigido al Consejo de Administra­ción de RTVE es rotundo. Empiezan expresando su «malestar y repulsa por la actuación del Gobierno». Después, denuncian que el Ejecutivo ha desplegado su maniobra con el «claro intento de asaltar la Corporació­n RTVE sin ninguna contemplac­ión, desprecian­do la representa­ción de la soberanía que ostenta el Parlamento», y censuran que Elena Sánchez está deslegitim­ada e incapacita­da para ser presidenta interina.

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