El secesionismo llega dividido al segundo juicio a la Mesa del Parlamento catalán
Torrent afronta una condena de un año y ocho meses de inhabilitación
Ayer arrancó la vista oral del juicio a los miembros de la segunda Mesa del Parlamento catalán –de la anterior legislatura autonómica– acusados de desobediencia, justo cuando el Govern catalán, formado por ERC y Junts, vive su mayor crisis desde 2017 y su continuidad está en manos de los alrededor de 6.500 militantes con derecho a voto del partido que preside Laura Borràs. El sucesor de Carme Forcadell al frente de la Cámara catalana, Roger Torrent, actual consejero de Empresa y presidente parlamentario entre 2018 y 2021, se enfrenta a un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por ignorar dos órdenes del Tribunal Constitucional.
Los hechos que dilucida el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se remontan a 2019 cuando Torrent y los miembros independentistas del órgano rector del Parlamento catalán, Adriana Delgado (ERC), Josep Costa (Junts) –que se defiende a sí mismo y ayer exhibió una miniurna del 1-O– y Eusebi Campdepadrós (Junts), tramitaron dos resoluciones cuyo contenido estaba suspendido por el Constitucional: un texto, a favor de la autodeterminación de Cataluña;
y otro, reprobando a la Monarquía española.
El Gobierno impugnó las resoluciones, que se aprobaron en el pleno, y el Alto Tribunal las dejó sin efecto. El Constitucional, además, volvía, así, a notificar a los miembros de la Mesa una advertencia: debían abstenerse de tramitar iniciativas que eran clara y manifiestamente contrarias a la Carta Magna, tal y como también habían advertido los letrados del Parlamento catalán. Es esta desobediencia –Torrent fue advertido hasta en tres ocasiones– la que ahora se juzga en el TSJC.
La Fiscalía presentó una querella contra los cuatro miembros de la Mesa y en marzo de 2021 el TSJC se declaró competente para investigarlos. Al mes, Vox se sumó a la causa como acusación popular. Ayer, en declaraciones a la prensa, fuera del tribunal, Torrent aseguró que esta causa judicial es una «persecución del movimiento independentista». Un movimiento que este miércoles volvió a poner de manifiesto su división. Los dirigentes de ERC y Junts que se acercaron a apoyar a los encausados lo hicieron por separado.
En la primera jornada, la Fiscalía, Vox y las defensas pidieron aplazar el juicio hasta que se resuelva el recurso que la fiscal presentó contra la recusación del magistrado Carlos Ramos, que fue apartado del caso. El TSJC, a través del presidente de la Sala, rechazó la petición argumentando que el recurso todavía no se ha admitido a trámite. «Tenemos la obligación de celebrarlo», añadió.