El Gobierno ya incumple el plazo prometido a Bruselas para aprobar la ley de vivienda
Los límites del alquiler siguen enfrentando a Unidas Podemos y PSOE tras casi tres años de negociaciones
La primera vez que el PSOE y Unidas Podemos hablaron de «regular las subidas abusivas del precio del alquiler», el coronavirus estaba camuflado en Wuhan. El IPC se situaba por debajo del 1% y el Ministerio de Transportes se llamaba Fomento. Incluida en el acuerdo de investidura firmado a finales de diciembre de 2019, la propuesta era una de las grandes medidas de la legislatura. Pero casi tres años después, PSOE y Podemos siguen sin ponerse de acuerdo sobre su aplicación, lo que ha provocado que el Gobierno incumpla ya con el calendario prometido a Bruselas para aprobar la ley de vivienda.
Mientras los socialistas quieren restringir los límites a grandes propietarios, los morados pretenden que la regulación se extienda a todos los alquileres. Y esta discrepancia es la que ha paralizado, por enésima vez, la ley de vivienda que recogerá la medida. El borrador del anteproyecto llegó en primavera al Congreso de los Diputados, pero ha encallado en la fase de enmiendas. Y aunque parecía clave para desencallar los Presupuestos de 2023, estos finalmente se han acordado sin que haya un acuerdo entre los socios de gobierno respecto a la reforma.
Desde el ala socialista recuerdan que el texto que ahora pretende modificar Unidas Podemos fue aprobado por la formación morada en el Consejo de Ministros. Toda la legislatura ha sido un continuo tira y afloja con la ley estatal de vivienda, con acuerdos que luego se modificaban y promesas incumplidas por parte de ambos socios. Fuentes del Ejecutivo, sin embargo, no descartan que se alcance el enésimo acuerdo en breve para intentar desbloquear la tramitación parlamentaria de la reforma, ya que las negociaciones siguen vivas y se mantienen abiertas.
El problema es que el Gobierno ya ha incumplido los plazos prometidos a Bruselas con la ley de vivienda. Para acceder a los fondos europeos, el Ejecutivo garantizó que la iniciativa estaría aprobada por las Cortes antes de que finalizase el tercer trimestre de 2022. Hasta hace unos meses, el Ministerio de Transportes estaba convencido de que cumpliría el plazo, pero ahora el calendario corre, según la propia ministra Raquel Sánchez, por sacar adelante el texto antes de que termine el año.
Desde el Ejecutivo aseguran que Bruselas no será tan estricta con los plazos. Pero sí reconocen que puede haber algún toque de atención si no salen adelante las reformas prometidas. Y la ley de vivienda es una de ellas.
En el sector inmobiliario ya perciben los efectos de la ambiciosa ley, que también recogería castigos fiscales a los pisos vacíos. Tasadoras como Sociedad de Tasación y portales inmobiliarios como Pisos.com aseguran que la oferta de viviendas en alquiler ha descendido bruscamente por los vaivenes regulatorios planteados por el Gobierno de coalición. Además del límite del 2% a las subidas del alquiler, aprobado en primavera para contrarrestar el impacto de la invasión de Ucrania, citan la amenaza legislativa que supone la ley de vivienda para los fondos de inversión. Lo cierto es que el anteproyecto acordado por ambas formaciones impone controles de las rentas para los propietarios de hasta diez viviendas en zonas declaradas como tensionadas por las comunidades, aunque también es cierto que se establecen unos requisitos draconianos para poder declarar una zona como tensionada.
Según los datos de Idealista, desde que comenzaron las negociaciones entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para regular el mercado del alquiler, los precios han subido un 2% pese a tener el impacto de la pandemia, que desplomó los precios durante 2020. Desde que el PSOE prometió por primera vez la aprobación de una ley estatal de vivienda, allá por el verano de 2018, el precio del alquiler ha pasado de 10,3 euros el metro cuadrado a 11,2 euros por metro cuadrado. Casi un 9% más.