REVÉS AL FEMINISMO
La ‘ley trans’, avalada ayer por el Congreso, no solo ha fracturado a la propia izquierda que la promueve, sino que divide al feminismo y desprecia muchos riesgos para los menores
E LCongreso rechazó ayer los vetos a las leyes ‘sociales’ con las que el Gobierno quiere apurar su mayoría parlamentaria en esta legislatura: la ley del aborto, la ley de Bienestar Animal y la ‘ley trans’. Esta última cuenta con serias objeciones desde la bancada socialista, pero lo cierto es que es un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, es decir, por el Gobierno de coalición. Se trata de un empeño de Podemos y de un peaje que el PSOE tiene que pagar para mantener la cohesión del Ejecutivo, ya inmerso en recurrentes refriegas y en una frenética campaña preelectoral.
La principal oposición a la ‘ley trans’ no viene precisamente de los partidos de la derecha, ni de sectores católicos, sino del feminismo de izquierda más acreditado en la lucha por los derechos de las mujeres. El punto de desencuentro es la llamada ‘autodeterminación de género’, derecho que permite a cualquier hombre o mujer cambiar registralmente su género masculino o femenino por el opuesto sin necesidad de apoyar su decisión en informes médicos ni de someterse a un tratamiento hormonal correspondiente al nuevo género. La conclusión para el feminismo clásico es muy sencilla: la mujer desaparece como sujeto biológico y diluye su condición en la voluntad personal de cada una, de manera que ser mujer es, simplemente, una opción. Este planteamiento borra de un plumazo el fundamento mismo de la lucha feminista, que es la superación de toda discriminación de la mujer por nacer mujer. Ningún hombre que transite al género femenino, conservando su apariencia y su biología masculinas, correrá ni uno solo de la inmensa mayoría de los riesgos de discriminación que acechan a una mujer a diario. Por eso, la ‘ley trans’ es una iniciativa profundamente antifeminista e injusta con los esfuerzos históricos de las mujeres por la igualdad real.
Además, este proyecto se enfrenta de forma poco reflexiva con problemas graves de aplicación, por ejemplo, en relación con los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, quienes pueden solicitar por sí mismos, sin asistencia de padres ni representantes, el cambio de género en el Registro Civil. Esta previsión del proyecto choca con la experiencia de países que autorizan desde hace años el cambio de género. Es una experiencia que informa sobre dos realidades que el proyecto de ley ignora: la confusión sobre identidad sexual que puede experimentarse durante la minoría de edad y el carácter irreversible de tratamientos hormonales y de modificación genital que pueden solicitar y recibir los adolescentes. El proyecto, más que regular una realidad singular de determinadas personas y velar por su derecho a la igualdad, que siempre hay que proteger, parece orientado a incentivar el cambio de género y a desmontar lo que en el imaginario de cierta izquierda se perciben como imposiciones de una moral conservadora. El proyecto de ‘ley trans’ banaliza los riesgos para los menores, especialmente expuestos a influencias ambientales que pueden llevarlos a decisiones dramáticamente erróneas y a menudo irreversibles.
No es admisible en una sociedad avanzada en la que el Estado de derecho ya cuenta con recursos para prevenir y castigar la discriminación, que el Gobierno impulse una ley –por procedimiento de urgencia– que divide al feminismo, que desprecia los riesgos para los menores y que solo satisface la obsesión de una parte de la izquierda por privar a la sociedad española de debates serios y responsables sobre asuntos tan relevantes. Las prisas y la demagogia que envuelven la ‘ley trans’ confirman que es una esas leyes ideológicas que el Gobierno quiere dejar como un legado de discordia a quienes le sucedan en el poder.