El exvicepresidente del Parlament intenta boicotear el juicio a la Mesa por desobediencia

El exvicepresidente del Parlament Josep Costa abandonó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde se sienta en el banquillo acusado de desobediencia, junto al anterior presidente de la Cámara Roger Torrent, y otros dos miembros de la Mesa por tramitar resoluciones prohibidas por el Constitucional. «No puedo confiar en un tribunal que en la sala tiene el retrato de un rey de una monarquía delincuente», argumentó.

Fue al comienzo de la segunda sesión del juicio, cuando Costa, que ejerce su propia defensa, se dirigió al tribunal para manifestar: «No participaré más en este juicio. No presentaré escrito de defensa». Acto seguido, se levantó para abandonar la sala, aunque el magistrado presidente, Carlos Mir, le recordó que, como letrado, no podía marcharse.

El miércoles, en el trámite de cuestiones previas, Costa había solicitado al tribunal declarar la nulidad de las actuaciones y, ayer, los magistrados rechazaron su petición. Tras oír la resolución, Costa anunció su renuncia a presentar pruebas y a declarar.

«Como acusado, por las penas que le piden –20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa–, puede irse, pero el problema es que como letrado, no. Al menos quédese aquí sentado, aunque no diga nada», insistió Mir, pero Costa decidió marcharse.

Testigos

Acto seguido, tras dar la palabra al resto de defensas y a la acusación popular –que ejerce Vox–, Mir fijó un receso, tras el que decidió continuar el juicio, al tildar de «burla» la actitud del acusado. Tres éste, declararon como testigos los integrantes no independentistas de la Mesa, por aquella época, 2019, así como el secretario general de la Cámara catalana Xavier Muro, que aseguró que había avisado sobre sus «dudas» para admitir a trámite dos resoluciones, presentada por ERC, Junts y la CUP, por la que ahora se les juzga. Una, referente al derecho a la autodeterminación, y la otra para reprobar a la monarquía. Según Muro, trasladó a los ahora encausados que ambas podían chocar con advertimientos que el Constitucional había enviado respecto a resoluciones anteriores.

Este viernes declararán los acusados, para los que la Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros.