Asesinan en México a un alcalde, a su padre y otras 18 personas
Varios policías fueron también abatidos en este ataque perpetrado por sicarios en Guerrero
En Tierra Caliente, en el estado mexicano de Guerrero, se perpetró una cruenta matanza que dejó 20 muertos y dos heridos por un tiroteo. La fachada del Ayuntamiento de San Miguel de Totolapan apareció el pasado miércoles cubierta de impactos de bala después de que un grupo de sicarios irrumpiera en las dependencias municipales para asesinar al alcalde, Conrado Mendoza Almeda, y a otros 17 funcionarios públicos, entre los que se incluyen siete policías locales que intentaron repeler la agresión. El padre de Mendoza, que fue el regidor durante dos legislaturas anteriores, fue hallado muerto junto a los trabajadores del ayuntamiento.
La banda violenta se dirigió a la vivienda del alcalde y llegó a bloquear con vehículos de grandes dimensiones varios puntos estratégicos de esta población, de unos 20.000 habitantes, para impedir el acceso de las Fuerzas Armadas. El Partido de la Revolución Democrática, al que pertenecía el alcalde, ha condenado los hechos solicitando que la Fiscalía General de Guerrero abra una investigación para esclarecer los terribles acontecimientos.
Guerrero, estado sin ley
Sandra Luz Valdovinos, la fiscal general de Justicia de Guerrero, declaró que todavía «no hay ningún detenido y no se sabe quién es el responsable» de la matanza. Un comunicado sumaba múltiples interrogantes al dar conocer que no se habría logrado tomar el control del ayuntamiento durante varias horas. Aunque la fiscal no ha despejado las dudas sobre la identidad del grupo armado, la prensa mexicana destaca que se trata de Los Tequileros, una escisión de la Familia Michoacana, conocido grupo criminal de la región.
La zona en la que ocurrieron los crímenes de San Miguel de Totolapan es conocida como Tierra Caliente y está controlada por los cárteles de la droga. Este suceso deja al descubierto una dejadez de las autoridades que provoca que estas bandas armadas amedrenten a la población autóctona. Los cuerpos de algunas de las víctimas aparecieron en las calles aledañas al edificio público cuya fachada quedó agujereada por decenas de balas. Este vértice entre Michoacán, Guerrero y el estado de México forma parte del paso de la droga hacia Estados Unidos, lo que lo convierte en una zona especialmente problemática.
Hay que tener en cuenta que los 3,4 millones de habitantes de Guerrero constituyen una de las masas poblacionales más pobres del país, con hasta un 40% en condiciones de pobreza extrema. El informe ‘Justicia fallida’ pone de manifiesto que cuatro de las seis sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México desde 2009 incluyen la omisión de juzgar y sancionar los crímenes cometidos en Guerrero por las fuerzas gubernamentales. Además, cabe destacar que, en 2014, este estado situado al oeste delo país triplicó la tasa de homicidios nacional, alcanzando 48 decesos violentos por cada 100.000 habitantes. Acapulco, la ciudad más conocida y poblada de esta entidad territorial, alcanzó la mayor cifra, con 70 homicidios, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
El crimen sale gratis
La impunidad judicial, uno de los mayores problemas de México, también afecta a Guerrero sobremanera. Así, las posibilidades de ser declarado culpable de homicidio son de una entre quince. Es decir, el asesinato sale gratis en la mayoría de los casos ya que tan solo es judicializado el 12% de los crímenes y el 6 % finaliza en una sentencia condenatoria.
La violencia se despliega por este estado afectando gravemente a su economía. El pasado junio se daba a conocer que productores en Guerrero se han visto obligados a agregar costes de producción debido a los pagos por extorsiones, fraudes, robos y secuestros. En multitud de ocasiones detienen su actividad rebasados por los altos costes o la abandonan por miedo a perder la vida.
Esta masacre denota la terrible violencia que vive el país centroamericano, con olas de asesinatos como la sucedida entre el 10 y el 14 de agosto, cuando se informó de 341 personas fallecidas por homicidios dolosos, con un promedio de 68 personas asesinadas por día. Los actos violentos incluyeron «narcobloqueos» en carreteras, incendios de vehículos del transporte público, establecimientos comerciales destruidos y agresiones directas a tiros contra la población civil.