EL EJÉRCITO FRENA OTRA VEZ LA VERDAD PARA LOS ESTUDIANTES DE IGUALA

La cancelación de órdenes de detenciones contra militares mexicanos muestra el poder de la institución en el Gobierno de López Obrador y apaga las esperanzas de obtener justicia para los 43 desaparecidos

Abel, Alexander, César, Emiliano, Cutberto, Giovanni, Jonás, Marcial, Saúl... Estos son solo algunos de los nombres de los 43 normalistas (estudiantes de magisterio) que desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, y que no han vuelto a ser vistos, ni vivos ni muertos. Entre ellos, como se ha sabido después, también había un soldado del Ejército mexicano infiltrado, que informaba de todas sus actividades. Ocho años después, quedan todavía sombras.

Entre las certezas están que los estudiantes desaparecidos formaban parte de un grupo más numeroso que había secuestrado cinco autobuses –uno de los cuales habría estado cargado de droga sin ellos saberlo (existía una ruta de tráfico hasta Chicago con estos vehículos que estaba siendo monitorizada por EE.UU)– para viajar a Ciudad de México, donde tenían previsto participar, el 2 de octubre, en la conmemoración anual de la Masacre de Tlatelolco de 1968.

Y entre las incógnitas por despejar: el paradero de los jóvenes y señalar –y condenar– a todos los que participaron de una forma u otra en lo que el informe de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 18 de agosto, ha calificado como «crimen de Estado».

El suceso, conocido como el caso Ayotzinapa, fue tan dramático (y macabro) e implicaba a tantos actores –narcos, policías y autoridades locales y federales, militares...– que recibió la atención internacional. De ahí que el Gobierno de entonces, liderado por Enrique Peña Nieto, se apresurase a cerrar la investigación ofreciendo su ‘verdad histórica’. Una versión construida sobre pruebas fabricadas, declaraciones arrancadas con torturas (muchos de los detenidos fueron posteriormente liberados por esta práctica), encubrimientos y señalamientos que dejaban limpios de toda culpa al Ejército y a altas autoridades judiciales.

El caso Ayotzinapa era –y es– la punta del iceberg de la realidad de un país que tiene en su haber más de 100.000 desaparecidos y en el que se contabilizan más de 35.000 asesinatos al año, la mayoría sin resolver pues el nivel de impunidad de los delitos alcanza el 98%. «A no ser que haya algún tipo de presión internacional para la investigación. Ese ha sido el caso

por desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa; mientras que Zerón sigue en Israel, donde se ha refugiado huyendo de la justicia mexicana. El GIEI criticó la premura de esa detención que puede hacer fracasar la condena.

Detenciones canceladas

Los obstáculos a la labor de la Ueilca se han ido sucediendo en las últimas semanas. A la retirada de los trece policías que trabajan a su cargo y que podían llevar a cabo detenciones, se sumó que un agente del Ministerio Público, ajeno al caso y a la investigación, pidió el desistimiento de 21 de las 83 órdenes de detención (que incluía a 20 militares) solicitadas por la Unidad especial. Algo que se realizó «sin tener en cuenta los tiempos procesales ni el procesamiento de pruebas fundamentales», argumenta el GIEI en un informe del 29 de septiembre. Para Mattiace, esta actuación solo se puede calificar de «obstrucción e intromisión por parte del fiscal general».

De las órdenes de detención canceladas, 16 correspondían a militares, estamento que, según el último informe del grupo de expertos, mantenía vínculos con Guerreros Unidos. Para Anabel Hernández, el origen de la desestimación de estas órdenes está en el momento en que la Covaj señala que el coronel José Rodríguez Pérez (detenido el 14 de septiembre), responsable del 27 Batallón de Infantería de Iguala, «no solo permite que sus hombres ataquen a los estudiantes, sino que él mismo da las órdenes para asesinar a seis de ellos (que habrían permanecido vivos varios días más que sus compañeros) y desaparecer los cuerpos. Tocar los intereses del Ejército detonó que este, con el apoyo del presidente de la República, presionara a la Fiscalía General y a Gómez Trejo para callar ante el desistimiento de las órdenes de detención. El fiscal (que dimitió a mediados de septiembre) especial no aceptó». AMLO, que ha apoyado la cancelación de esas detenciones, ha señalado que el objetivo era provocar una «rebelión» en el interior del Ejército.

Sobre los militares a los que se les ha levantado la orden de detención, Hernández señala que AMLO «miente» cuando afirma que no tenían nada que ver con el caso. Al menos once de ellos «son personas claves que estuvieron en el lugar de los hechos, y cuyas declaraciones ministeriales estuvieron plagadas de inconsistencias y mentiras». Se refiere también a varios miembros de Inteligencia implicados, que han evitado el arresto. Así como el responsable de las cámaras de seguridad de Iguala, «que vio con sus propios ojos la masacre y en lugar de denunciar borró los vídeos».

¿Se conocerá toda la verdad sobre el caso? «Estoy convencida de que sí, pero el tema es si esa verdad se convertirá en justicia», expone Hernández.