Acusa de amañar contratos públicos
A seis grupos a los que Competencia
a multa de 203,6 millones que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a seis constructoras en julio pasado por amañar contratos públicos salpica al Gobierno. La Unión Europea ha notificado al Ejecutivo que, tras notificarse la sanción, está realizando comprobaciones adicionales para determinar si los mecanismos de gestión y control de Adif funcionaron de forma correcta en el pasado. Unos trabajos que pueden desembocar en una suspensión temporal de la llegada de fondos europeos.
La comunicación se ha producido a través de una carta remitida al representante permanente de España en la Unión Europea. Una misiva que ha llegado además como respuesta a una solicitud de pago de fondos europeos por parte de Adif realizada durante el verano, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al proceso.
Europa no especifica de forma tajante cuánto tiempo se extenderá su investigación, sino que simplemente informa al Ejecutivo de que está tratando de dilucidar el papel del administrador ferroviario en la supuesta
Ltrama, que según Competencia estuvo vigente durante 25 años.
En este caso la investigación no afectaría a los fondos del programa Next Generation, vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que se pusieron en marcha para paliar la crisis del coronavirus. Los afectados serían los fondos vinculados al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que durante los últimos años han supuesto una jugosa inyección económica para España. El país cuenta con una partida de 23.539 millones de euros para el periodo 2021-2027. Durante los años 20142020, el afectado por las pesquisas europeas recibió 19.410 millones.
Pero no todos estos fondos están en peligro. Muchas liquidaciones de ese periodo ya se han efectuado y, además, la hipotética sanción de la Unión Europea se centraría en algunos proyectos y debería calcularse en base a la multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La sanción, conocida el pasado mes de julio, representa la multa más alta impuesta por Competencia hasta la fecha, con 203,6 millones de euros. Se dirige contra Acciona (29,4 millones), Dragados, filial de ACS, (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). También se iniciaron actuaciones contra Lantania –creada a partir de la quebrada Isolux–, pero finalmente fueron archivadas.
La CNMC dictaminó que todas estas empresas crearon un grupo para compartir información técnica y estratégica relacionada con la presentación a los concursos públicos. El grupo, denominado ‘G-7’ por la CNMC, quedó disuelto después de que las propias compañías implicadas apuntaran que estas prácticas podían ir en contra de
Dragados, la mayor de todas.
40,4
millones fue la sanción para FCC
Construcción.
38,5
millones es la multa para
Ferrovial Cosntrucción.
29,4
millones tendrá que pagar
Acciona Construcción.
21,5
es la sanción para OHL y 16,7 millones para Sacyr. la regulación. Competencia asegura que todas estas actuaciones son una infracción grave de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE). Además, tuvieron efectos «dañinos» para el Estado, ya que afectaron a infraestructuras públicas como hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.
Menor variedad de ofertas
«Los acuerdos colusorios sancionados han derivado en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante», destacó en verano la CNMC, que curiosamente señalaba al Ministerio de Fomento como el gran perjudicado por estas actuaciones. Eso sí, Competencia no utilizó en su resolución la palabra cártel para referirse al grupo ni reclamó que se vetara a estas constructoras para futuros contratos públicos, algo que sí ha reclamado en algunas de las resoluciones publicadas en los últimos años.
Seopan, la patronal de las grandes constructoras, consideró entonces que la resolución de Competencia se basaba en «una interpretación sesgada de algunos artículos de la ley de Contratos del Sector Público» y acusó a la institución de «falta de rigor». En opinión de la patronal, compartir los documentos que menciona Competencia supone una «práctica de reducción de costes en la preparación de licitaciones que es lícita, normal y eficiente». Varias empresas, como ACS y Ferrovial, anunciaron además que llevarían la sanción ante la Audiencia Nacional, que en los últimos años ha tumbado varias sanciones de la CNMC.
Fuentes conocedoras del procedimiento recuerdan que no es la primera vez que Europa tira de las orejas al Ejecutivo por una multa de la organización presidida por Cani Fernández. En 2016, esta institución impuso una
España ya vivió una situación similar en el pasado con una sanción que finalmente fue tumbada en los tribunales
El organismo asegura que las empresas crearon un grupo conocido como el G7 que compartió información y amañó contratos