La sanción más alta impuesta
Por la organización en su historia
«Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por administraciones públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.». Así justificó su histórica sanción la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) que, pese a reconocer en su resolución que las constructoras no crearon un cártel, sí que asegura que crearon una sofisticada red para repartirse el mercado de la obra pública.
El grupo operó entre 1992 y 2017. En un correo interno de
FCC fechado en 2016, recogido en la resolución de la CNMC, se explicaba que el objetivo era «compartir trabajos que se suelen subcontratar o externalizar multa de 5,6 millones a un cártel de empresas que se repartía supuestamente contratos de suministros de desvíos ferroviarios.
En concreto, la organización determinó que cuatro compañías acordaron precios y otras condiciones comerciales durante 15 años para el suministro de desvíos ferroviarios y otros elementos complementarios en la licitaciones convocadas por Adif y su antecesor GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias).
Un precedente en Europa
La decisión provocó una suspensión temporal del pago de determinados fondos europeos para España. Años más tarde, la Audiencia Nacional tumbó la resolución de Competencia, pero y puedan ser compartidos, ya que al compartir trabajos el coste obviamente se reparte y se puede ahorrar dinero». Había trabajos «de todo tipo». Según la resolución, el ‘G-7’ (como denominó la institución al grupo de empresas) mantenía reuniones semanales para analizar las licitaciones de obras publicadas por las plataformas de contratación del Estado y decidir los concursos en los que se iba a compartir parcial o totalmente los trabajos previos para elaborar las ofertas técnicas que se presentaban posteriormente a las compañías. Todo ello a espaldas de la Administración.
La multa al ‘G-7’ supuso la sanción más alta impuesta por
Competencia en toda su historia.
Hasta ese momento, la multa más elevada era de 171 millones y se impuso a un cártel formado por 21 empresas de automoción. una parte del dinero que se paralizó durante ese lapso de tiempo no llegó a recuperarse.
Para evitar que este tipo de situaciones se reproduzcan en el futuro, el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, tiene previsto reforzar la gobernanza en los procesos de adjudicación de proyectos vinculados al plan de recuperación. El Presupuesto aprobado esta semana por el Ejecutivo eleva las partidas globales del Plan de Recuperación un 6,7%, pasando de 26.900 millones en 2022 a 28.692 en 2023. Pese a las dudas que rodean a la ejecución de estos fondos europeos, el Gobierno fía gran parte del crecimiento a este programa, ya que calcula que sumará 1,9 puntos al PIB en 2022 y 2,8 puntos a la economía el año que viene.