El PP pide que la Policía pueda desalojar a okupas en 24 horas
Propone que la Junta pida al Gobierno penas
El PP ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) para su debate el próximo viernes en el Pleno del Parlamento de Andalucía mediante la cual reclama a la Junta de Andalucía para que, a su vez, plantee al Gobierno a que «proceda con carácter urgente» a «modificar los artículos 245 y 269» del Código Penal con la pretensión de «endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias», por lo que propone» recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre tres y cinco años».
Convivencia
La siguiente demanda del PP en su iniciativa parlamentaria se dirige a propiciar la modificación de la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal con el objetivo de que «se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas» para que puedan «iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».
La tercera petición que plantea el PP con su iniciativa parlamentaria es la inclusión de «nuevas medidas procesales» en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para buscar una mejora de «la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble», de manera que se propicie «recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento».
El PP pide en este punto que se pueda «proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía».
La cuarta petición de la PNL del PP se encamina es crear un nuevo apartado en el articulado de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local de manera que se pueda «evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal», bajo la definición que hace de esta figura en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.
En este punto los populares reclaman que «esta inscripción se considere nula», así como que «no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho», por lo que propone que «los ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento».
La última demanda del PP apunta a pedir el cambio de la legislación tributaria para «la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas».
Incremento de denuncias
En la exposición de motivos de la iniciativa el PP argumenta que «en los últimos años ha aumentado considerablemente el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España», de manera que «ha continuado el incremento de las denuncias por allanamiento u ocupación a domicilios, según datos del Ministerio del Interior».
El PP aboga por que, además del marco legal existente, «el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos», a lo que ha añadido la inclusión de «un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas».
El teléfono para víctimas de okupación de viviendas habilitado por la Junta de Andalucía recibió entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 «casi un centenar de llamadas» según informó en marzo pasado la consejera de Fomento, Vivivenda y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quien instó al Gobierno central a impulsar «un plan nacional» para afrontar estas situaciones.
La consejera Marifrán Carazo ha venido denunciando que «en muchos casos la okupación está asociada a la delincuencia» y en no pocas ocasiones hay involucradas «auténticas mafias que han hecho de la okupación un auténtico negocio.