Un parto con daños severos da lugar a la mayor indemnización por negligencia médica
Un acuerdo por 5,2 millones de euros evita que el asunto llegue al Tribunal Supremo diez años después
Las complicaciones en un parto causadas por una negligencia médica han dado lugar a una indemnización para la perjudicada y sus padres de 5,2 millones de euros, la mayor en la historia de España por este motivo. Los hechos se remontan a octubre de 2012, cuando A. P. C. acudió al Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real) porque se había puesto de parto. Durante el proceso, según consideraron los jueces como hechos probados, la frecuencia cardiaca disminuyó en varios momentos, poniendo en riesgo el bienestar del bebé. La falta de control en el alumbramiento por parte de la matrona y del ginecólogo derivó en una falta de oxígeno para la pequeña, que nació con daño neurológico severo.
«La niña tiene un 97% de minusvalía, daño cerebral anóxico, está postrada en una cama, no tiene capacidad para comer, toser... prácticamente no interacciona con el medio. El daño es brutal», explica a ABC Francisco Fernández-Bravo, abogado de los servicios jurídicos de la asociación el Defensor del Paciente.
El procedimiento legal ha sido largo, de casi diez años, pues comenzó en 2013. La primera sentencia de un juzgado de lo Penal de Ciudad Real y una posterior de la Audiencia Provincial condenaban a los dos profesionales que asistieron el parto a nueve meses de multa con una cuota de diez euros al día por un delito de lesiones por imprudencia profesional menos grave.
«Señales de alarma»
Las dos sentencias reconocen que «pese a estas claras e inequívocas señales de alarma» al ver que la frecuencia cardiaca del feto disminuía, el ginecólogo y la matrona, «pese a sus respectivas cualificaciones profesionales y apartándose de la pericia que les era exigible en atención a sus conocimientos, con un proceder absolutamente negligente, no adoptaron las medidas necesarias encaminadas a solucionar la situación de pérdida de bienestar fetal, en orden a la finalización del parto y evitación de un sufrimiento fetal irreversible».
Fue a raíz del «deficiente control y seguimiento durante el periodo», continúan los autos, que se produjo el «grave y severo daño neurológico» que sufrió la pequeña a causa de la falta de oxígeno que le generó la disminución continua de la frecuencia cardiaca.
La menor sufre las siguientes lesiones acreditadas: «encelopatía hipxicoisquémica con parálisis infantil grave de predominio distónico, convulsiones y necesidad de alimentación mediante sonda. Ha precisado, además, de una decena de intervenciones y tiene otras secuelas residuales como trastornos cognitivos y daño neuropsicológico muy grave; amnesia anterógrada y retrógrada que le impide adquirir nueva información; amnesia de fijación; confabulaciones y paramnesias».
«Las severas y graves lesiones sufridas por la menor implican una pérdida total de autonomía para las actividades esenciales de la vida diaria, siendo totalmente dependiente para la alimentación, aseo personal, vestirse, arreglarse, para las deposiciones, los traslados, etc. A su vez, esta pérdida de autonomía personal ha provocado una sustancial alteración de la vida de sus familiares ante la prestación de cuidados y atención continuada que demanda la pequeña», recoge el último de los fallos.
Por lo ocurrido también se condenó como responsables civiles al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y a las aseguradoras Mapfre y Zurich, al ser las compañías que en ese momento cubrían a la Sanidad manchega y a la matrona que atendió el parto.
Acuerdo entre las partes
«La sensación de los padres es agridulce, sienten que se ha hecho justicia, pero cambiarían todo este dinero por una hija sana»
Ahora, para evitar que el caso llegue hasta el Tribunal Supremo tras haberse inerpuesto varios recursos de casación, la acusación particular y las aseguradoras han llegado a un acuerdo por el que se compensará a la familia con 2.591.498 euros en concepto de indemnización principal, más 2.356.726 euros en concepto de intereses y capitalización de la pensión anual. Esta cuantía, unida a los costes del procedimiento, alcanzará la suma de 5,2 millones de euros, la mayor indemnización por este tipo de negligencia médica, asegura la asociación el Defensor del Paciente.
«La sensación de los padres es bastante agridulce, sienten que se ha hecho Justicia, pero cambiarían todo este dinero por tener una hija sana», explica Fernández-Bravo. Para los responsables de la falta de control en el nacimiento, cuenta el abogado de la familia de la niña, se ha optado por una pena de multa. No se les inhabilitará tras haber reconocido los hechos.
«Las penas accesorias de inhabilitación de los profesionales que causan este tipo de daños tan graves por una actuación tan descuidada deberían ser más habituales», considera Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, quien, mediante una nota, sentencia: «Ni dándoles el Palacio Real pagan estos daños».