La Justicia deja sin castigo casos de corrupción por prescripción
∑El juez archiva el supuesto desvío «obsceno» de dos millones en fondos europeos en una residencia de Almería ∑El motivo es la caducidad de los delitos, que antes afectó a piezas de los ERE o al crédito ilegal de Cárnicas Molina
La sombra de la prescripción se cierne sobre las causas de corrupción en Andalucía. Muy pocos de los grandes procesos que están instruyendo los juzgados desde hace años se han librado de algún archivo porque no se ha actuado a su debido tiempo para perseguir los delitos. Ha habido extinciones de la presunta responsabilidad criminal en una decena de piezas separadas del caso ERE, en el préstamo irregular de Cárnicas Molina o en el fraude de los cursos de formación, entre otras causas. El caso Isofotón, con 40 investigados, se ha archivado por un defecto de forma al no haberse ampliado a tiempo el plazo de la instrucción. Unas veces, la demora es achacable a los tribunales que deben lidiar con sumarios complejos e ingobernables y escasos medios para indagar. Otras veces, la responsabilidad recae sobre la Junta no haber iniciado los procedimientos preceptivos para facilitar que el dinero público distraído sea devuelto a las arcas públicas. Entre tanto, si no media un auto judicial contra los presuntos autores de los delitos, las manecillas del reloj de la Justicia siguen avanzando en contra de los intereses de la sociedad que no va a ver reparados los daños económicos.
El goteo de casos archivados no cesa. El último en sumarse a esta larga lista tiene que ver con una residencia para mayores con alzhéimer en el pueblo almeriense de Chirivel construida con una subvención de 1.966.394 euros cofinanciada con los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (Feader). Según un atestado de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Guardia Civil de Almería, se creó a una presunta «organización delincuencial» que distrajo «de forma obscena» el dinero público destinado a este centro. El que estaba llamado a convertirse en el único centro especializado en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas de Andalucía, que contaba con el espaldarazo financiero del Gobierno andaluz de Susana Díaz (PSOE), sólo estuvo cuatro años y medio funcionando. La residencia cerró en mayo de 2018, incumpliendo su compromiso de actividad durante al menos cinco años y la previsión de puestos de trabajo que había prometido para recibir la ayuda. Hoy es un edificio abandonado a su ruina en el que brotan los jaramagos.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vélez-Rubio ha dictado el archivo de la investigación abierta el 2 de diciembre de 2019 tras la denuncia de una trabajadora del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de Los Vélez (Aprovélez), entidad integrada por asociaciones de empresarios, sindicatos y administraciones locales. En 2013, Aprovélez adjudicó la ayuda –aprobada por la antigua Consejería de Agricultura– al Grupo Previndal Salud SL, promotora del centro residencial, que estaba vinculada a la gerente del GDR que había concedido el dinero, a su marido y a su cuñado.
Investigación tardía
En un auto dictado el pasado 20 de julio, al que ha accedido ABC, el instructor da carpetazo a esta causa después de que así lo propusiera el Ministerio Fiscal. En la resolución expone que «todos los hechos anteriores al día 20 de octubre de 2016 (o, en el caso de los delitos castigados con mayor pena, desde el día 20 de octubre de 2011) se encuentran ya prescritos». Es decir, se ha rebasado el plazo de diez años (en los hechos más graves) para perseguir los supuestos delitos atribuidos a 15 investigados, entre ellos al exalcalde socialista de Chirivel Cristóbal Aránega. El catálogo de delitos era amplio: fraude de subvenciones, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias, administración desleal, apropiación indebida, usurpación de identidad y contra la ordenación del territorio. Todos ellos habrían caducado más de tres años antes de la apertura de esta causa penal.
El juzgado investigaba desde 2019 a cargos del Grupo de Desarrollo Rural de Los Vélez y del PSOE por «distraer» dinero público
El abogado de la denunciante de los hechos (después citada como investigada) presentó un recurso contra dicha resolución que fue inadmitido, por lo que ha presentado una queja que aún no se habría resuelto.
«Los hechos denunciados más significativos se encuentran ya prescritos, a saber, los relacionados con la realización de un máster por la gerente del grupo, los proyectos ‘Conoce tu Parque’, ‘Guía Bilingüe de Arte Rupestre’, o el proyecto relativo al centro de atención de enfermedades neurodegenerativas de Chirivel, como se desprende de la documental obrante en las actuaciones», señala el juez. En conclusión, «dichas conductas aunque fuesen constitutivas de delito estarían prescritas, debiendo acordarse el sobreseimiento y archivo de las actuaciones», advierte la resolución. No es la primera causa de corrupción que decae al haberse evaporado las responsabilidades penales. En noviembre de 2020, el juzgado que instruye el caso ERE dictó el «archivo definitivo» de la causa abierta contra el expresidente andaluz Manuel Chaves y su mano derecha, el exconsejero Gaspar Zarrías, por la concesión de un préstamo irregular de 5,83 millones de euros en diciembre de 1999 a la empresa Campocarne para salvar la antigua fábrica de embutidos Cárnicas Molina. El juez declaró prescritos los delitos después de que la Audiencia de Sevilla allanara el camino para su carpetazo anulando todas las pesquisas realizadas. Habían transcurrido más de 15 años desde la concesión del préstamo, del que «no habría exis
Unas veces, la demora es achacable a la Justicia; otras, a la Administración, como en el caso de las residencias de tiempo libre
tido nunca voluntad de devolución ni de cobro» por parte de la Junta.
La Junta de Andalucía tampoco ha podido recuperar 6,1 millones que UGT y CCOO le debían por la gestión de las Residencias de Tiempo Libre en la comunidad entre los años 2003 y 2006. La obligación de UGT y CCOO era ingresar el dinero en las arcas públicas y no lo hicieron. El juez de Instrucción número nueve de Sevilla archivó la causa abierta contra las anteriores cúpulas de ambos sindicatos y los exdirectores generales de Trabajo socialistas porque no apreció «irregularidad, desde el punto de vista penal». De fondo latía la tardanza del Gobierno anterior del PSOE a la hora de acudir a la vía contenciosa-administrativa para recuperar los fondos públicos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determinó en 2017 que las posibles responsabilidades habían prescrito.
Mercasevilla y formación
En el caso Mercasevilla, Carmelo Gómez, exparlamentario autonómico del PSOE, quedó exculpado por el mismo motivo. El TSJA declaró prescrito el posible delito de falsedad por el contrato simulado con una empresa vinculada a Juan Lanzas, el ‘conseguidor’ de los ERE.
Una cadena de fallos administrativos y procesales privó también a la Junta de recuperar 938.751 euros (1,2 millones al incluir los intereses) correspondientes a una subvención excepcional para cursos de formación que el Gobierno andaluz concedió en 2010 a la Asociación de Apoyo a la Integración Humanistas, perteneciente al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, quien falleció en diciembre de 2021. El TSJA declaró por segunda vez prescrito el expediente de reintegro iniciado en el año 2015 por el Ejecutivo de Susana Díaz.