EUROPA DESCONFÍA DE ESPAÑA
La advertencia de Bruselas de que nuestro país podría dejar de recibir fondos europeos si no impone ya un sistema de justificación del dinero invertido nos aboca a más incertidumbre
LAS advertencias que venía lanzando ABC sobre la deficiente gestión de los fondos europeos inyectados a nuestra economía como base para la recuperación económica tras la pandemia no eran exageradas. El pasado mes de julio ABC publicó que la preocupación de la Unión Europea sobre la nula justificación de la ejecución de esos fondos era creciente. Ayer se supo que la Comisión Europea comunicó al Gobierno el pasado mes de septiembre que podría dejar de enviar más dinero de ese fondo de recuperación si no pone en marcha el nuevo mecanismo para controlar su gasto. No es solo una cuestión de falta de preparación de nuestro funcionariado para tramitar los fondos con más agilidad y eficacia, o de la imposibilidad de rentabilizar el sistema informático que la Unión Europea utiliza también en otros países para poder supervisar, gestionar y fiscalizar la utilización real de ese dinero. Es sencillamente que el Gobierno sigue instalado en una política de opacidad al respecto, y la UE parece haber dicho basta. Pese a que La Moncloa intentó anoche restar relevancia a lo publicado horas antes por el medio internacional Bloomberg, y que la Comisión emitió un comunicado diciendo que los fondos no están congelados, de momento, lo cierto es que la recepción de más dinero adicional a los 30.000 millones recibidos hasta ahora por España está amenazada con quedar en dique seco si no se establecen los mecanismos de control a los que el propio Gobierno se ha comprometido. Así se le ha transmitido a la vicepresidenta Calviño en recientes reuniones en Bruselas. Y ya se sabe que las advertencias informales de la UE tienen tanto o más valor incluso que las formales y públicas, lo cual debería ponernos en alerta porque buena parte de la inversión prevista en los Presupuestos se basa precisamente en la recepción del maná europeo.
La previsión era que antes de octubre España debía solicitar una tercera remesa de esos fondos para disponer de ellos en 2023. Sin embargo, la UE desconfía de España porque sigue sin ponerse en marcha un nuevo sistema de auditoría del dinero pensado para aliviar las cuentas de las autonomías y de miles de empresas. Atrás queda el hartazgo de muchas corporaciones que querrían solicitar esos fondos para cimentar su recuperación, pero que han desistido por el muro burocrático que las rodea. Tampoco la transparencia del Gobierno –nula– facilita las cosas. El resultado es que dos años después de concluir la fase más letal de la pandemia, y de que el Gobierno adornase cada declaración pública con los 140.000 millones que iba a recibir España, apenas han llegado la cuarta parte de esos fondos, y que ahora la UE amenaza con frenar nuevas partidas por la desconfianza que transmite La Moncloa. Bruselas no recibe de España toda la información que demanda, y Hacienda, responsable de la ejecución física de los fondos, solo pide más. La conclusión, en octubre, sigue siendo por desgracia, la misma que ABC avanzó en julio: demasiada improvisación y demasiada incertidumbre con un dinero esencial para los intereses de todos.