«No estamos preparados para el desafío»

Entre lo que de verdad ocurre y lo que trasciende de un acontecimiento histórico como fue el 1-O y la aprobación de la DUI solo diez días después, hay una distancia notable. Por entonces el Gobierno de Mariano Rajoy aseguraba que no iba a haber un referéndum, y no lo hubo en un sentido legal, pero también que dos millones de catalanes votaron y pusieron al Estado contra las cuerdas. Para muchos miembros del gabinete aquello fue una sorpresa, ya que dentro del Ejecutivo el mensaje de Soraya Sáenz de Santamaría era que «todo está controlado». Los servicios de Inteligencia e Información sabían que no era cierto y solo la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, advertía de la gravedad de la situación. En los últimos días, el ministro del Interior, Juan Ignacio

Zoido, también admitía la dura realidad: «No estamos preparados para responder».

En crisis como la actual del secesionismo siempre hay un sector que se radicaliza; el otro deja hacer y se suma si ve posibilidades de éxito

Inteligencia e Información de que abandonen cualquier investigación sobre el independentismo vasco y catalán –solo se controlaban aquellas actividades que podían suponer un riesgo para la unidad nacional–, ha desarmado el Estado frente a una «amenaza real y potencialmente desestabilizadora». Esa instrucción es el pago del Ejecutivo a sus socios independentistas después de que se conociera que el CNI, con autorización judicial, había utilizado el programa Pegasus para investigar a 18 de sus líderes, en el marco de sus funciones.

Consecuencias

Pero esa orden, no de salir del País Vasco y Cataluña pero sí de dejar de monitorizar las actividades secesionistas, tiene otras consecuencias. Los agentes que se dedicaban a este asunto han sido destinados a otras actividades con el riesgo de que se pierdan sus fuentes de información, que luego son irrecuperables. «Cuando se le dice a un informador que ya no se cuenta con él, la marcha atrás no es posible, porque se pierde su confianza; y sin ellos es imposible saber qué se mueve en ese mundo».

Algunas relaciones en las que el componente personal es más intenso se mantendrán, pero de nuevo surgirá un dilema. Si se traslada la información, el jefe que la recibe puede sancionar a su subordinado, por incumplir órdenes; pero si no lo hace, y hay algún problema importante, se le podría acusar de ocultar datos clave. Lo mismo sucederá con el mando respecto al Gobierno. «Cada servicio actuará en función de múltiples variables, pero el Ejecutivo ha hecho una invitación a la impunidad».

El independentismo, en este momento, está fracturado. El propio Jordi Sànchez, uno de los personajes claves de ese mundo, dio por acabado el ‘procès’. Pero eso no supone que la amenaza haya desaparecido; más aún, en este tipo de situaciones uno de los sectores suele radicalizarse más. No tener información de calidad es una invitación para que esa parte más dura intensifique sus actividades. Los ‘moderados’, en ese escenario, dejarían hacer y no dudarían en sumarse si, como temen estas fuentes, vuelve a surgir un elemento que los aglutine.

Pensar que el independentismo ha renunciado a poner en marcha un nuevo ‘procès’ es irreal. Estos años ha seguido preparándose, aprendiendo de sus errores de hace cinco años a la es

«Cada servicio actuará en función de múltiples variables, pero el mensaje del Gobierno es una invitación a la impunidad»