La ocupación de viviendas subió un 8% en el último año
En 2021 se presentaron 2.557 denuncias en Andalucía, 17.200 en toda España
El problema de la ocupación ilegal de viviendas en Andalucía tiene un dato objetivo. Durante el año 2021 se presentaron en la comunidad autónoma 2.557 demandas por ocupación ilegal de viviendas, lo que supone un 8% más que en el año precedente. Estos son los datos que hizo públicos este viernes el diputado del PP, Juan Bueno, quien ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz sobre medidas urgentes para mejorar la convivencia vecinal y la protección en las comunidades de propietarios que ha salido adelante con los votos del PP y Vox, formación a la que, por cierto, no se le ha admitido ninguna enmienda de las presentadas. El PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía se han mostrado contrarios a esta iniciativa y han votado en contra.
A nivel nacional los datos son muy superiores. Según Juan Bueno, hay 120.000 afectados y se ha pasado de 3.811 casos en 2011 a 17.200 en 2021, «el problema se ha cuadruplicado en diez años y afecta sobre todo a los barrios obreros», defendió en la tribuna de oradores el diputado del PP que ha presentado la moción, con un texto similar al que su partido está registrando en todas las cámaras autonómicas.
La propuesta del PP pasa por pedir al Gobierno central la modificación de los artículos 245 y 269 del Código Penal para endurecer las penas en el caso de ocupación de viviendas, especialmente en el caso de que se trate de mafias. También propone recuperar el delito de usurpación, que ya no existe, con penas de entre 3 y 5 años.
Asimismo, plantea que las viviendas ocupadas «en situación de flagrante delito» sean desalojadas en 24 horas por parte de la policía. La proposición no de ley que ha aprobado el Parlamento andaluz también recoge que las comunidades de propietarios puedan iniciar los procesos de la recuperación de viviendas. El objetivo de esta medida es «una mejor convivencia y evitar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas». El texto aprobado también busca impedir que quienes sean ocupas no puedan empadronarse en los ayuntamientos. Asimismo, se plantea modificar la legislación tributaria para que los dueños de estas viviendas ocupadas no tengan que hacer frente a los gastos fiscales de los arrendamientos.
El portavoz del PP, Juan Bueno, defendió las políticas de vivienda que lleva a cabo el Gobierno andaluz «para los más vulnerables, lo que no tiene nada que ver con la ocupación» y en este sentido detalló que la Consejería de Fomento está promoviendo en estos momentos 4.000 viviendas en alquiler a precios asequibles, además de una línea de ayudas para las familias vulnerables, «con una medida innovadora como es la gestión de viviendas por parte del tercer sector, el que está en contacto con las personas en situación delicada».
Desde el PSOE, Rafael Recio censuró que la iniciativa «no fomenta un debate favorecedor de consenso» y pidió
El PP defiende que hay que distinguir entre ocupas y población vulnerable para los que apoya alquileres a bajo precio
un «un enfoque trasversal». «Mi partido no será quién niegue malestar, desasosiego, no minimice el problema». No obstante, defendió que el CIS no recoge este asunto entre las principales preocupaciones de los españoles.
La diputada Por Andalucía Esperanza Gómez defendió que hay medidas legales «para luchar contra la ocupación ilegal» y calificó la propuesta de los populares como «el trabajo sucio para los bancos y los grandes tenedores de viviendas vacías que no ponen en el mercado». Desde Vox, el diputado Javier Cortés tuvo un discurso muy duro. «No tiene sentido que haya fuerzas políticas que defiendan a delincuentes que roban la propiedad a otros. La ocupación está absolutamente relacionada con la inseguridad en nuestros barrios y la inmigración ilegal», dijo. Esta formación planteó cinco enmiendas a la propuesta del PP que no fueron aceptadas por los populares. Aun así, apoyaron la iniciativa.