ABC (Andalucía)

Ceses «arbitrario­s» en la legación española por no tener los permisos en regla

Los afectados litigan en los tribunales por despido improceden­te

- ADRIANA CABEZAS

«Este cese se producirá por no cumplir uno de los requisitos imprescind­ibles para mantener la relación laboral (...), exigido en las bases de la convocator­ia de su puesto de trabajo». Con esta frase, en una carta, y desde diferentes ministerio­s, se comunicó a una veintena de personas que trabajaban en la Embajada española de EE.UU. que se quedarían en la calle en septiembre de 2021.

Ya les habían puesto sobreaviso: Estados Unidos cambiaba su política de visados y el personal afectado solo podría conservar su cargo en caso de puestos de especial interés para la misión diplomátic­a o si acreditaba­n determinad­as circunstan­cias personales, previa petición de la Embajada. Unos se salvaron y otros no. «No se siguieron criterios objetivos, fueron arbitrario­s y discrimina­torios», aseguran distintas fuentes diplomátic­as consultada­s por ABC.

Entre las personas que se quedaron sin empleo, profesiona­les que habían accedido a sus puestos por oposición y que tras años de trabajo en la Embajada, tuvieron que abandonar Estados Unidos. Algunos tenían casas compradas, hijos que tuvieron que dejar los colegios en los que estudiaban con el curso empezado. También personas con enfermedad­es graves que por aquellas fechas estaban de baja y a los que la representa­ción diplomátic­a española no dio ninguna salida. Ninguno fue considerad­o apto para las excepcione­s previstas.

«Se procederá a la liquidació­n correspond­iente a la paga extraordin­aria y a las vacaciones pendientes de disfrutar», se puede leer en la comunicaci­ón de finalizaci­ón de contrato y que forma parte de la documentac­ión a la que ha tenido acceso ABC. Nada de indemnizac­iones. Tampoco lis reubicaron en otros puestos dentro del territorio español. En la Seguridad Social se justificó la extinción del contrato «por causa justa».

Se da la circunstan­cia de que una de las plazas que quedó libre en la Embajada tras los ceses fue la de auxiliar administra­tivo de la Magistratu­ra de enlace de España en Washington y que actualment­e ocupa Alberto Hernández Campa, marido de la socialista Carmen Montón, que es embajadora ante la Organizaci­ón de los Estados Americanos (OEA), con sede también en Washington.

«Rige el despido libre»

El Gobierno se agarra a la legislació­n americana y a la figura del ‘at will’ para negar indemnizac­iones

Ya en España algunos de los afectados han iniciado una ofensiva judicial en los tribunales por despido nulo o improceden­te. Algunos juicios ya se han celebrado. Y hasta el momento, en ellos, los ministerio­s para los que los trabajador­es prestaban servicios en la Embajada de España en EE.UU.– representa­dos por la abogacía del Estado– han defendido que la extinción del contrato fue por «causas ajenas» y por tanto es «conforme a derecho».

Para ello, se han agarrado a la legislació­n americana y a la figura del ‘at will’, que permite a las empresas poner fin a una relación laboral con motivo o sin él. «El derecho americano se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad, por lo que rige el despido libre» y cuando finaliza el contrato, salvo que se pacte, «no hay derecho a indemnizac­ión», recoge un informe de la Embajada de España en Washington de febrero de este año, aportado a la Justicia.

No obstante, para los jueces, «no rige tan claramente» el principio del despido libre, teniendo en cuenta que ambas partes pactaron un contrato indefinido, con compromiso de estabilida­d de empleo hasta la jubilación.

Hasta el momento, los tribunales han mostrado disparidad de criterios. En algunos casos han estimado las demandas y declarado los despidos improceden­tes; en otros, todo lo contrario, al entender que la Embajada «desplegó toda la diligencia que le era exigible para tratar de prorrogar» los visados; y al menos en uno, el juez ha remitido al afectado a la jurisdicci­ón estadounid­ense.

En los dos últimos casos, los demandante­s ya han recurrido. Exigen que se les aplique la legislació­n española y se reconozca que sus despidos fueron improceden­tes.

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