UNA DIVERGENCIA INSOSTENIBLE
E Nla última década, las pensiones medias en España han crecido más del triple que los salarios. Estos datos deberían poner en alerta a todos los agentes sociales sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la justicia del mismo, que está cargando de manera desproporcionada sobre las generaciones más jóvenes –en forma de impuestos o de deuda pública– las consecuencias de las actuales decisiones. Las dudas sobre el acierto de la reforma que está desarrollando por etapas el ministro José Luis Escrivá, y que ha expresado la propia Comisión Europea al cuestionar su mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), no acaban de despejarse.
En un modelo equilibrado, la pensión media debería evolucionar de forma paralela a los incrementos de productividad que refleja el salario medio. De hecho, con un tipo de cotización social constante, no debería producirse un aumento de las pensiones medias sin que se registrara un crecimiento significativo del número de cotizantes. Si no sucediera así, el sistema incurriría en un déficit que obligaría a detraer recursos de otras partidas. Estimaciones recientes, efectuadas por algunos de los economistas que mejor conocen nuestro sistema de pensiones, indican que ya en 2021 el sistema contributivo cerró con un déficit equivalente al 2,2 por ciento del PIB, lo que representa de media unos 2.700 euros al año por pensión. Para 2023, la Seguridad Social necesitará unas transferencias de casi 39.000 millones, casi la cuarta parte de la totalidad de lo que ingresará el próximo año por cotizaciones sociales.
Así como la deuda pública no son más que los impuestos que pagarán los contribuyentes del futuro, la comparación entre salarios y pensiones también es una manera de enfrentar el presente con el pasado. Las pensiones reflejan las condiciones del mercado laboral en el momento en que se cotizó, que no tienen por qué coincidir con las del presente. Cada año, los nuevos jubilados tienen derecho a pensiones más altas, y estas han crecido mucho, sobre todo desde 2018, cuando el Gobierno decidió retomar su revalorización según el IPC promedio. Los salarios, en cambio, han sufrido en la última década el impacto del enorme desempleo que se generó durante el segundo mandato de Rodríguez Zapatero y el ajuste de costes laborales que efectuaron las empresas durante la recuperación posterior. A esto se suma que el empleo recuperado a partir de 2013 cuenta con salarios, por lo general, más bajos que en los años previos a la crisis, que este empleo ha crecido más rápido en sectores con escaso valor añadido y que el salario de los jóvenes es bajo y precario, lo que frena el crecimiento del sueldo medio.
Al igual que con la jubilación de la generación del ‘baby boom’, que disparará el número de pensionistas en los próximos años, el ministro Escrivá considera que estamos ante un bache puntual, provocado por la sucesión de crisis que hemos vivido y que en pocos años veremos superado con sus recetas. Pero caben muchas dudas. Uno de los elementos que más perjudica a los salarios es hoy la inflación, que corroe su poder adquisitivo El hecho de que las pensiones cuenten con un sistema de reajuste automático y que el Gobierno no haya querido considerar la posibilidad de tocarlo, por motivos claramente electoralistas, es uno de los factores que contribuyen a agudizar la divergencia entre salarios y pensiones. Como demuestran las cifras comparadas, la coyuntura ha terminado por poner la carreta de las pensiones delante de los bueyes salariales.