El Gobierno rescata un informe jurídico de la era Zapatero para tomar el poder en RTVE
El cambio de estatutos del ente público lo viste con un dictamen de la Abogacía del Estado que ni el socialista ni Rajoy quisieron aplicar
El golpe de mano dado por el Gobierno para dominar RTVE con una presidencia interina, no designada por el Congreso, ha sido vestido con un informe de la Abogacía del Estado que, en vez de entrar a valorar la cuestión en este momento, se ha limitado a dar por bueno, por reproducción, otro dictamen jurídico que la Abogacía emitió en la era del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El nuevo informe es el que da soporte jurídico al expediente que, en tiempo récord, urdió el Gobierno junto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que pertenece empresarialmente RTVE. Y todo para que, en cuestión de horas, Elena Sánchez pasara de ser mera presidenta interina del ente público a la nueva mujer de confianza de La Moncloa con amplios poderes ejecutivos con los que hacer y deshacer en la radiotelevisión pública estatal.
Primero, a través de las voces que PSOE y Unidas Podemos tienen en el Consejo de Administración de RTVE, forzaron la dimisión del hasta entonces presidente del ente, José Manuel Pérez Tornero. El Gobierno ya no lo consideraba suficientemente implicado con la causa. Consumado el cese, el 27 de septiembre designaron como presidenta interina a Elena Sánchez, la ‘bendecida’ por La Moncloa para liderar RTVE en un momento clave: se encara la carrera electoral que conducirá a las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2021. Pero faltaba un tercer paso, más delicado: cambiar las reglas del juego para dar a la presidenta interina poderes ejecutivos que tenía vetados por la normativa en vigor.
Al margen del Congreso
Hasta ahora, la presidencia interina de RTVE no tenía poderes ejecutivos, porque ese mando en plaza solo le correspondía a quien era nombrado para el cargo por el Congreso, y con mayoría reforzada de dos tercios. Y a Elena Sánchez la eligió, como interina, el propio Consejo de Administración de RTVE. Así que solo tenía funciones limitadas. Por ejemplo, eso impedía aprobar las cuentas anuales del ente público, su anteproyecto de presupuestos, dar luz verde a grandes contratos con productoras de televisión o promover nombramientos o destituciones de directivos.
Con esos poderes recortados, a La Moncloa le resultaba imposible tomar el control efectivo de RTVE. Y la alternativa de ratificar el nombramiento de Elena Sánchez en el Congreso estaba descartada: al PSOE, dada su debilidad parlamentaria, eso le resultaba misión prácticamente imposible en este momento. Así que, para saltarse al Congreso, optó por cambiar las reglas del juego desde el Consejo de Ministros, y lo hizo con un mero acuerdo que ni siquiera tiene que refrendarse en el Parlamento –lo que sí se exige en caso de que el Consejo de Ministros apruebe un decreto-ley–.
Ese cambio de reglas se consumó el 4 de octubre por la vía de la modificación de los estatutos de RTVE. Se hizo en tiempo récord, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso ABC: en apenas siete días, con un fin de semana de por medio. Estaba todo diseñado de antemano.
El dictamen
Nada más designar presidenta interina a Elena Sánchez, para cubrir los formalismos y guardarse las espaldas el Gobierno, la cúpula de la SEPI elevó una consulta a la Abogacía del Estado para que le dijera si podía cambiar los estatutos al gusto pretendido, aprovechando un informe jurídico de la Abogacía del Estado de julio de 2011. Es decir, en su consulta a través de la SEPI, el Gobierno no solo consultaba sino que sugería la respuesta. Y la Abogacía del Estado lo secundó: el dictamen lo evacuó el pasado 30 de septiembre y lleva la firma de la jefa de la Abogacía del Estado, Consuelo Castro Rey. En él se afirma que «se estima apropiada la modificación» de los estatutos de RTVE pretendida por el Gobierno, de modo que la presidenta interina se convierta, en la práctica, en presidenta ejecutiva sin necesidad de contar con el aval del Congreso de los Diputados, que es al que, por mayoría reforzada, le corresponde elegir a quienes ocupan en propiedad la presidencia de la Corporación de Radio y Televisión Española.
En su dictamen, Consuelo Castro Rey alude en todo momento a aquel otro informe jurídico de la Abogacía del Estado de julio de 2011, cuyas conclusiones hace suyas. En esencia, la sugerencia de que, por acuerdo de Consejo
de Ministros, «se podría atribuir interinamente las funciones de dirección ejecutiva ordinaria propias del presidente [de la Corporación RTVE] al consejero elegido a tal fin por el Consejo de Administración», Elena Sánchez en el momento actual.
El episodio de 2011
Aunque hace once años que se sugirió la posibilidad de cambiar las reglas del juego desde el Gobierno, no se ha hecho hasta ahora
Aquel otro informe fue emitido a petición del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando se produjo otro vacío de poder en la presidencia de RTVE, por la dimisión de Alberto Oliart, que había sido elegido para el cargo año y medio antes por consenso entre el PSOE y el PP.
Sin embargo, es significativo que, pese a sugerir la Abogacía del Estado un cambio de estatutos del ente público para dotar de funciones ejecutivas a quien lo sustituyera como presidente interino, esa fórmula ni la aplicó Zapatero ni tampoco quien le sustituyó como presidente del Gobierno meses después, el popular Mariano Rajoy.
Zapatero optó por mantener la interinidad al frente de RTVE tras la dimisión de Oliart. Y así agotó su Gobierno sus últimos meses de legislatura. El 20 de noviembre de 2011, Rajoy ganó las elecciones por mayoría absoluta. Y se prolongó la interinidad al frente de RTVE hasta que, el 28 de junio de 2012, el Congreso eligió nuevo presidente del ente público a Leopoldo González-Echenique.