Díaz, el SMI y las presiones al alza de los salarios
bidas de sueldos de los asalariados.
Según se observa en la estadística oficial del Ministerio de Trabajo, el sueldo pactado en los convenios colectivos acumula revalorizaciones por valor del 14,3% entre 2010 y 2020. En esa década la subida media fue del 1,3% anual. Aunque en el caso de las pensiones las revalorizaciones son incluso menores, afectadas por los cuatro años de subida del 0,25% que aplicaba el derogado Índice de Revalorización
de las Pensiones (IRP) aprobado en la reforma de 2013, la brecha que refleja la evolución del suelo medio y de la pensión media recoge el impacto de las nuevas pensiones de jubilación son mayores año tras año, como producto de que las carreras laborales son cada vez más largas, con remuneraciones más altas, generando así más derechos de cara a la jubilación.
En este punto, cabe recordar que las
España salió de la crisis financiera con una devaluación de los salarios que permitió a las empresas mantener los empleos. Pero esa pérdida de sueldos no volvió a recuperarse y es lo que asegura buscar la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, con las subidas del salario mínimo, tirar hacia arriba de los sueldos en los convenios.
Desde 2019 este indicador suma alzas superiores al 30%. En el Gobierno se da por hecho que el SMI subirá hasta los 1.049 euros desde enero, aunque lo volverá hacer con el rechazo de los empresarios. El malestar empresarial se fundamenta en que el alza afecta especialmente a pymes y autónomos, debilitados por la pandemia y acorralados por el alza de costes y la espiral inflacionista, y a sectores muy sensibles como el campo, los jóvenes sin cualificación y las empleadas del hogar. Pero en la orilla sindical meten presión al Gobierno para que lo haga y sitúe el SMI en el 60% del salario medio esta legislatura.
nuevas altas de jubilación han experimentado una importante revalorización en la última década, casi un 10%. De modo que las nuevas jubilaciones ascendían a los 19.502 euros anuales brutos en 2010 (1.393,4 euros al mes) y diez años después estas nóminas han escalado hasta los 21.392 euros anuales (1.528 euros al mes). Estas nóminas son un 20% de media más altas que las pensiones que dejan de pagarse por fallecimiento del beneficiario.
Mientras que si tratamos de disgregar del mismo modo el dato de los sueldos medios, se aprecia como esos 2.097,1 euros brutos al mes (25.165,5 euros al año) que arroja el INE para 2020 no reflejan la realidad del mercado laboral posterior a la gran crisis financiera. Estadística reconoce igualmente que el sueldo más habitual en España es de 18.480 euros anuales brutos. Por lo que las nuevas pensiones han sido en estos años similares a las retribuciones de los trabajadores. Siendo esta la principal contribución a la brecha entre el alza del sueldo medio y de la pensión media en la última década.
La punta del iceberg
Las cifras son solo la punta del iceberg de uno de los problemas más complejos y profundos que afronta la sociedad española. Tanto la precariedad salarial como la proximidad de la llegada de los ‘baby boomers’ están directamente relacionadas con el futuro del sistema de pensiones y su salud financiera. Este complejo escenario es el que ha obligado al Gobierno a llevar a cabo una reforma de pensiones que, por exigencia de Bruselas, debe estar concluida el próximo diciembre.
Y hoy por hoy a Europa no le convence ni el mecanismo que sustituirá el factor de sostenibilidad, el MEI, ni la renuncia del ministro José Luis Escrivá a ampliar los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años. La reforma planteada por el titular de la Seguridad Social no asegura la sostenibilidad del sistema, no introduce mecanismos de ajuste y sus cambios solo implican gasto. Así lo creen las autoridades comunitarias, que están metiendo presión al gestor de las pensiones para que adopte medidas de recorte en un sistema que paga diez millones de pensiones y cada mes debe desembolsar casi 11.000 millones de euros para pagar sus nóminas.