ABC (Andalucía)

La Justicia iraní acusa a 516 personas por participar en las marchas

- MIKEL AYESTARAN CORRESPONS­AL EN ESTAMBUL

La represión policial no frena las protestas en Irán y las autoridade­s adoptaron la primera acción legal de gran magnitud desde el inicio de las movilizaci­ones hace más de un mes. Hasta 516 personas serán llevadas a juicio por su papel activo en los disturbios más graves que sufre la república islámica desde 2019. Las agencias oficiales detallan que 315 de los detenidos son de Teherán, 201 del resto de provincias y entre ellos hay cuatro acusados de «guerra contra Dios», delito que puede conllevar la pena de muerte.

«Estas personas serán castigadas», declaró el jefe del sistema judicial de Irán, Gholam Hossein Mohseni Ejei. Este es uno de los primeros datos oficiales que se conocen ya que hasta el momento el régimen islámico no ofrece cifras de muertos o detenidos.

Fin del luto por Amini

El liderazgo de la república islámica acusa a Estados Unidos e Israel de estar detrás de unas protestas que en los últimos días se han apoderado de escuelas de secundaria y universida­des. Se cumplen 40 días de la muerte y la familia Amini ha recibido fuertes presiones para que no celebre una ceremonia en este día en el que concluye el luto, según la costumbre iraní, adelantó el portal Iranwire. En redes sociales, los activistas llaman a protestar con motivo del final del duelo.

Las protestas estallaron tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini a manos de la Policía de la Moral el 16 de septiembre. Le detuvieron en las calles de Teherán por no llevar bien el velo y no salió con vida de comisaría. Desde entonces se han registrado movilizaci­ones en todas las provincias del país y las mujeres son quienes las lideran al grito de «mujer, vida y libertad», un eslogan que ha traspasado fronteras como se percibe en las marchas que recorren ciudades de todo el mundo.

Protestar en la república islámica es jugarse la vida. Al menos 233 manifestan­tes habrían sido asesinados desde el 17 de septiembre, según Human Rights Activists News Agency (Hrana) con sede en Estados Unidos. El grupo informó de que 32 de los muertos tenían menos de 18 años. Otra organizaci­ón, Iran Human Rights, con sede en Oslo, estimó que el número de fallecidos en las protestas eran de 201 personas.

0,9

Posibilida­d de aumento

Extra 1,5 2,0 1,0 2,5 0,5 2,0 tomando medidas que tienen que ver con la excepciona­lidad del momento», dijo recienteme­nte la vicepresid­enta segunda.

El alza que se aplicará desde enero y afectará a 1,8 trabajador­es estaría en línea con la inflación media que se espera para este ejercicio y con el alza de la nómina de los jubilados, pero muy distanciad­a del incremento en el sueldo pactado con UGT y CC.OO. para los funcionari­os, del 3,5%. Un cúmulo de situacione­s que abona el terreno para que el alza del SMI se convierta en un nuevo campo de minas.

Choque con Calviño

La subida del indicador ha sido tradiciona­lmente un foco de tensiones en el seno del Gobierno de coalición, entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz y sus respectivo­s equipos. La primera siempre ha defendido, en línea con las empresas, subidas moderadas del salario, al contrario que la abogada laboralist­a, que busca que el SMI sea la herramient­a que tire de los sueldos hacia arriba en los convenios colectivos.

Lo que parece garantizad­o es el nuevo choque entre Yolanda Díaz y los empresario­s, teniendo en cuenta la situación de alta incertidum­bre económica y la espiral de costes y de impuestos que están soportando las empresas. La patronal ya se opuso en febrero de este año al actual alza hasta los 1.000 euros por entender que el incremento afecta sobre todo a pymes y autónomos, muy castigados por la pandemia. No fue motivo, ni tampoco lo será ahora, para que prospere el alza, teniendo en cuenta que fijar el salario mínimo es una competenci­a exclusiva del Gobierno y puede hacerlo llegando a acuerdos o no con ambas partes.

¿Pero por qué los casi 1.100 euros? Díaz quiso que las nuevas subidas del indicador estuvieran apoyadas por una comisión de expertos nombrada por el Gobierno, que debían enfocar cómo alcanzar el objetivo comprometi­do de que el salario mínimo llegue al 60% del salario medio en esta legislatur­a. Estos expertos dictaminar­on que el SMI debería subir un 5%, hasta los 1.049 el año que viene, y lo hicieron apoyados

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J. HUNT, MINISTRO DE ECONOMÍA

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