LO QUE LA UE VIGILARÁ

Vulneración del Tratado de la Unión Europea

sivos, e inclumplidos, fallos judiciales que obligan al Govern a garantizar un mínimo de castellano en las escuelas. En su cuenta de Twitter, Reynders apuntó: «Buen encuentro con Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña. Intercambiamos puntos de vista sobre las conclusiones del informe #RuleOfLaw en España. También discutimos sobre la importancia de garantizar la plena aplicación de las sentencias judiciales y el cumplimiento de las normas de seguridad nacional con la legislación de la UE».

Sentencias firmes

Escuela de Todos, la coordinadora de entidades creada para intentar forzar a la Generalitat a cumplir con la sentencia que obliga a aplicar un mínimo del 25% de clases en castellano en las escuelas, y en la que se integra la AEB, celebró el comentario del comisario europeo, al que recordaron que «1.400.000 alumnos catalanes, llevan 268 días esperando la aplicación de una sentencia firme, que reconoce su derecho a estudiar en español».

La gota que colmó el vaso llegó la semana pasada. Aragonès confirmó en una entrevista que uno de los acuerdos alcanzados con el Gobierno en la mesa de diálogo consistía en garantizar la inhibición del Ejecutivo ante el incumplimiento de las sentencias en materia lingüística. Escuela de Todos remitió una carta a Reynders recordándole la situación de indefensión de los alumnos catalanes. El mismo comisario también fue interpelado al respecto durante una conferencia en Madrid.

«Angustia»

Ayer, tras confirmase la misión de los europarlamentarios, Cs mostró su satisfacción por la próxima visita, así como por la reunión informativa (‘hearing’) que se celebrará en el Parlamento Europeo para abordar la situación de la escuela. El grupo recuerda que en Cataluña se da una discriminación «especialmente grave» porque proviene de la administración que tiene las competencias educativas y porque «se produce ante la inacción del Gobierno». «La angustia por la desprotección, la discriminación y el acoso que sufren a diario estos niños y familias es injustificada en una Europa democrática», denunció la eurodiputada Maite Pagazaurtundua,

Por su parte, el PP celebró que con su «liderazgo» en el Europarlamento sea posible la citada misión, recordando, en palabras de la eurodiputada Rosa Estaràs, que «los derechos y las libertades de los ciudadanos nunca pueden ser pisoteados, y mucho menos por intereses partidistas». «El Gobierno de España está ausente frente al flagrante ataque al Estado de Derecho que está cometiendo la Generalitat», añadió.

Desde Sociedad Civil Catalana (SCC), se recordó la reunión que mantuvieron en Bruselas con el comisario de Justicia para denunciar la situación de la escuela catalana. «Hay esperanza», apuntó su presidenta Elda Mata.

La petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) para lograr que una misión de europarlamentarios se desplace a Cataluña se basa en lo que considera graves vulneraciones del Tratado de la Unión Europea, entre otras, tal y como expuso la presidenta de la AEB en una intervención en la Comisión de Peticiones.

Actuación ilegal deliberada

En concreto, se vulnera el articulo 2 al no respetarse el estado de derecho, porque la administración pública española y catalana está obrando conscientemente en contra de lo exigido legalmente

Desprotección de los derechos del niño

Se vulnera el artículo 3.3 al constatarse la discriminación, la desigualdad y la desprotección de los derechos del niño. Particularmente, denuncia la AEB, en Cataluña no se respeta el articulo 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión puesto que se discrimina a los alumnos castellanohablantes por razón de lengua, y no les transmite la diversidad lingüística y cultural de nuestro país.

Contra la libre circulación

Se obstaculiza la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea que prevé el artículo 45. La discriminación lingüística a los castellanohablantes que se da en los centros educativos de Cataluña supone una restricción a la libertad de circulación de los niños y de sus familias dentro del Estado. Esta situación no solo obstaculiza el aprendizaje de los niños o jóvenes emigrados a Cataluña desde otros lugares de España o de la UE, sino que también restringe las opciones de sus padres a la hora de buscar un empleo. Estas normas impiden la libre circulación y son proteccionistas para proteger su propio mercado laboral.

Integración de los niños con discapacidad

Por último, la AEB denunció que se desatienden además las recomendaciones del Consejo relativas a la enseñanza en lengua materna, a la integración de niños con discapacidad en los sistemas de enseñanza, al multilingüismo.