Lecciones del pasado
FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA
«Tras su triunfo electoral en octubre de 1982, los socialistas aceptaron y reforzaron el buen legado que recibieron de los gobiernos centristas de la Transición. ¿Nos contentaremos con contemplar cómo la luz de poniente de la Historia se va reflejando en aquellos años, que para quien esto escribe fueron años juveniles? No. Precisamente porque aún hay sol en las bardas, se impone sacar alguna lección para el presente»
MAÑANA, 28 de octubre, se cumplirán cuarenta años de las elecciones generales que llevaron al Congreso a más de doscientos diputados socialistas y convirtieron a Felipe González en presidente del Gobierno. Es este sin duda un importante aniversario de la democracia española instaurada por la Constitución de 1978. Nunca celebraremos bastante los éxitos de la Transición, pero ya es tiempo de empezar a conmemorar otros aniversarios y constatar que, afortunadamente, las cosas se siguieron haciendo bien después de la Transición, a la que precisamente pusieron fin las elecciones del 28 de octubre de 1982.
Una referencia comparada ayudará a ver la significación de aquella jornada electoral con la perspectiva adecuada. En la Francia de la V República, el partido socialista no llegó al poder hasta mayo de 1981, con la elección de François Mitterrand como presidente. Fue aquel un verdadero acontecimiento histórico, al que el diario ‘Le Monde’ dedicó un número lleno de emoción y solemnidad. La que se llamó ‘marea rosa’ vino tras una espera de más de veinte años, durante los que la izquierda francesa se sentía a la vez mayoritaria e impotente, por utilizar una frase muchas veces repetida.
Pues bien, sólo año y medio después Felipe González igualó a Mitterrand, que llevaba mucho más tiempo intentándolo y en circunstancias más favorables. Por lo demás, la victoria socialista de 1982 no sólo trajo consigo la alternancia en el poder, tan importante para la buena salud democrática, sino que abrió un largo período de gobierno que dio a la izquierda la ocasión de imprimir su sello en la sociedad española.
Fue aquella la «pasada de España por la izquierda» de la que Felipe González venía hablando desde antes de su llegada al Palacio de La Moncloa. Su antecesor en la presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, mi padre, negó en el Congreso de los Diputados que España necesitara una pasada por la izquierda, añadiendo que tampoco deseaba para su país una pasada por la derecha, ni por el centro (que él representaba) ni por las horcas caudinas de ninguna ideología.
Esta refutación era conceptualmente irreprochable, y sin embargo, años después, ya bajo el gobierno socialista, Leopoldo Calvo-Sotelo, cuya lucidez le obligaba a estar siempre al servicio de la verdad, admitió que lo de la «pasada por la izquierda» no estaba mal visto. La excepcionalidad de la historia contemporánea de España aconsejaba que la izquierda tuviera una oportunidad para gobernar con mucho tiempo por delante y amplias posibilidades de aplicar su programa.
Felipe González y sus colaboradores supieron aprovechar aquella oportunidad histórica. Durante los más de trece años que mediaron entre octubre de 1982 y mayo de 1996, los sucesivos gobiernos del PSOE llevaron a cabo una importante obra de gobierno, cuyas líneas maestras eran homologables con la mejor socialdemocracia europea de la época; y ello sin perjuicio de errores que no hemos de analizar aquí, siendo el más grave de ellos, en palabras del propio González, el derivado del «OTAN, de entrada no».
Los socialistas aceptaron y reforzaron el buen legado que recibieron de los gobiernos centristas de la Transición. Así, la ley orgánica del Régimen Electoral General de 1985 reprodujo el sistema introducido por el decreto-ley de 1977, cuya «innegable funcionalidad» para la consolidación del régimen democrático fue reconocida en el Congreso de los Diputados por el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Igual importancia tuvieron los acuerdos autonómicos de 1992 con el Partido Popular, mediante los que Felipe González renovó el consenso en materia territorial plasmado en la
Constitución de 1978 y continuado en el pacto autonómico de 1981, que el propio Felipe González había suscrito con Leopoldo Calvo-Sotelo. Por otra parte, los gobernantes socialistas siguieron una política económica prudente, que evitó la tentación de las nacionalizaciones, quizá a la vista de la experiencia de Mitterrand en la materia.
Pero quizá lo más importante de todo es que el PSOE de la época gobernó respetando plenamente la Constitución de 1978 y el espíritu de la Transición que la había engendrado, considerando todo ello como algo propio. Muchas bromas se hicieron con aquella fórmula («sin acritud») que a veces utilizaban tanto González como Guerra en sus discursos parlamentarios, pero reflejaba bien una convicción de que se podía hacer una política de izquierda buscando el consenso y sin dedicarse a promover artificiales divisiones entre los españoles. Y en las intervenciones de Felipe González el tono pedagógico predominaba con mucho sobre el ánimo dialéctico.
¿Nos contentaremos con contemplar cómo la luz de poniente de la Historia se va reflejando en aquellos años, que para quien esto escribe fueron años juveniles? No. Precisamente porque aún hay sol en las bardas, se impone sacar alguna lección para el presente, que no es tan malo como a veces nos lo hacen sentir los picotazos de lo cotidiano, pero que puede mejorar.
Hay que recordar, en primer lugar, que el consenso en materia autonómica lo rompió en 2003 el entonces secretario general del PSOE y que el Gobierno actual ha persistido en ese error, aunque es cierto que, afortunadamente, los consensos europeo y atlántico se han mantenido. Pero lo peor es que en la actual coalición gubernamental hay un socio que no siente ningún entusiasmo por la Constitución de 1978 y que el Gobierno tiene apoyos parlamentarios abiertamente hostiles a nuestro régimen constitucional.
El reflejo de esa hostilidad ha llegado al Boletín Oficial del Estado, que hace pocos días publicaba una ‘ley de memoria’ que confiere toda la autoridad del legislador a las tesis que pretenden deslegitimar la Transición. ¿Cómo puede ser eso, si deslegitimar la Transición equivale, en términos históricos y políticos, a deslegitimar la Constitución misma? En vista de todo ello, y como la propia Constitución dice que el Congreso de los Diputados es elegido cada cuatro años, permítaseme concluir, sin acritud, expresando el deseo de que, cuando llegue el momento, los electores envíen a la Carrera de San Jerónimo una mayoría más cercana a los principios y al espíritu de la Constitución.