El Gobierno se enreda en sus planes para el alquiler asequible
Transportes prescinde ahora de las 30.000 viviendas de los fondos para su programa
El Gobierno ha convertido el alquiler asequible en una de sus banderas. El problema es que aterrizar las cifras y los programas a la realidad del mercado está resultando casi imposible. El Ejecutivo asegura que ha entregado desde que llegó al poder 25.000 viviendas asequibles, el 25% de su plan: 100.000 pisos para alquileres sociales.
Es una cifra que se compone de viviendas procedentes de la Sareb (14.789) y del fondo social bancario (10.500). Desde el Gobierno aseguran que, además de estas viviendas entregadas, tienen en desarrollo otras 57.000. Y otras 7.266 están firmadas y empezadas con comunidades autónomas; 9.271 firmadas y en desarrollo con entidades locales; y 17.000 en desarrollo a través de la sociedad pública Sepes. Eso sí, evitan poner un objetivo para el conjunto de la legislatura, precisamente porque las 100.000 viviendas prometidas «van ligadas a varios programas», algunos de los mismos llegan hasta 2026, como los fondos europeos.
El Gobierno ha ido cambiando el reparto con el que pretende llegar a esas 100.000 viviendas comprometidas sobre la marcha. En principio, 44.000 iban a venir de acciones directas del Ministerio de Transportes para la creación de un parque público de vivienda social, a través de acuerdos con autonomías y entidades locales. Las otras 56.000 iban a incorporarse desde la colaboración público-privada.
Ese objetivo se ha reducido ahora notablemente. El Ministerio envió ayer un comunicado en el que explicaba que el departamento, en coordinación con comunidades y ciudades autónomas, desarrollará unas 90.000 viviendas. El resto (cerca de unas 10.000) procederán de estas fórmulas de colaboración público-privada, entre las que se encuentran los inmuebles del citado fondo social de viviendas.
Por el camino se han caído 30.000 viviendas propiedad de los fondos de inversión que el Gobierno esperaba tener a disposición para alquileres sociales. El anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mencionó en varias ocasiones la necesidad de impulsar acuerdos con los grandes tenedores para incrementar el número de viviendas sociales.
E incluso estos dieron un paso adelante para proponer fórmulas de colaboración al Gobierno que permitieran articular esa cesión de 30.000 viviendas. Pero el año pasado el proyecto quedó paralizado. Según el Ejecutivo, por la escasez de fondos disponibles. Según otras fuentes, por el rechazo de Unidas Podemos a llegar a ningún tipo de acuerdo con los grandes tenedores. Lo cierto es que se ha dibujado un nuevo Presupuesto y la iniciativa no se ha recogido. Y ya ni siquiera aparece en los proyectos del Gobierno para la vivienda asequible.
Desde el Ejecutivo aseguran ahora que se alcanzará el objetivo de las 100.000 viviendas «al margen» de las viviendas de los grandes tenedores y destacan que se han habilitado programas específicos en el plan de vivienda para que los fondos de inversión lleguen a acuerdos directos con las comunidades autónomas.
Contabilidad creativa
Otro asunto es cómo se va a contabilizar el cumplimiento de ese ambicioso objetivo. En su balance sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 el Ministerio utilizó una singular fórmula para estimar las viviendas asequibles que se habían puesto en el mercado, que no se correspondía ni con las construidas ni con las captadas a terceros para fines sociales. Se contabilizaron las públicas y las privadas, y luego no solo se tuvieron en cuenta los programas de fomento de viviendas en alquiler sino también las diferentes ayudas y rentas de apoyo al alquiler incluidas en el plan. El saldo resultante de la fórmula fue de 180.000 viviendas de alquiler asequible.
El Ministerio admite en el proyecto de Presupuestos de 2023 que no ha concretado los parámetros con los que se evaluará el cumplimiento de esa promesa de 100.000 nuevas vivienda de alquiler asequible. Sí se sabe, porque así se ha acordado con la Comisión Europea en las disposiciones operativas del Plan de Recuperación, que antes de junio de 2026 tiene que haber puesto en el mercado 26.000 viviendas eficientes energéticamente a precios asequibles si quiere asegurar el cobro de los fondos europeos.
La información pública disponible hace casi imposible determinar si el Gobierno ha siquiera iniciado una sola de las 20.000 viviendas que lleva prometiendo desde 2018. La solución del problema en las áreas especialmente tensionadas se pretende abordar movilizando suelos de la sociedad estatal Sepes, que llevan en su cartera desde la burbuja sin ningún uso. Hasta el momento están en la fase de papeleo y solo en uno de ellos se han iniciado las obras de urbanización del terreno.