OTRA OCASIÓN FALLIDA
Más allá de que Sánchez pretenda satisfacer al separatismo, en el fondo nunca ha accedido realmente a reformar el sistema de elección de los jueces conforme a los criterios europeos
N Opuede ser casual que por cuarta vez en cuatro años la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y en paralelo el TC, se haya visto frustrada, pero lo cierto es que cada vez que la resolución de esta crisis está próxima y un pacto entre PSOE y PP se percibe como inminente, Pedro Sánchez crea un contexto inasumible para el PP para ejercer presión. Para romper. Sánchez es el común denominador de una ecuación en la que ni con Rajoy, ni dos veces con Pablo Casado, ni ahora con Núñez Feijóo, puede resultar convincente culpar siempre de cualquier bloqueo al PP. El patrón con Sánchez se repite: crea una expectativa de negociación, la activa y acelera, la cierra, y cuando llega el momento de rubricar el pacto, crea un muro infranqueable para el PP. En esta ocasión, y después de haberlo negado a través del ministro Félix Bolaños, es Sánchez quien admite personalmente ante Feijóo que prevé desnaturalizar el delito de sedición para satisfacer al independentismo catalán, y de paso garantizarse los Presupuestos Generales. Pese a ser una obligación constitucional, es un riesgo sentarse en una mesa de negociación con Sánchez porque no tiene reparo en jugar a varias bandas a través del engaño.
El Gobierno está demostrando no saber delimitar más prioridades que las de ceder a sus socios y no fraguar acuerdos de Estado con el PP. O pacta con Génova la renovación de los órganos en las condiciones que establecen la lógica y la aritmética parlamentaria, o pacta con ERC los Presupuestos. Pero ha de entender que es incompatible e insalvable pactar un reforzamiento del Estado de derecho al tiempo que acuerda con separatistas el debilitamiento y desprotección de la democracia. No es compatible modificar la ley para después cercenar la independencia judicial creando instrumentos de inmunidad ante los ataques al Estado de derecho. Eso supondría un desgaste absoluto para el PP. Traspasar esa línea roja no puede ser una opción. Feijóo ya era consciente de que cualquier entendimiento con el Gobierno en esta materia iba a ser visto por la mayor parte de la derecha sociológica como una derrota, fuera cual fuera el resultado del pacto, pero hacer la vista gorda a la neutralización de la sedición es abiertamente inasumible. Una clave sustancial más allá de que Sánchez pretenda satisfacer al separatismo por sus propios intereses es que en el fondo nunca ha accedido realmente a reformar el sistema de elección de los jueces conforme a los criterios europeos. Ya avanzó el propio Sánchez que «el PP sabe que no va a ser así». Sencillamente el PSOE se opone a que los jueces elijan directa y automáticamente a doce vocales del CGPJ. El PP, sin duda, tampoco es inocente; ha tenido muchas oportunidades desaprovechadas para reorientar la elección conforme al espíritu constitucional. Si no lo ha hecho es porque en realidad nunca ha sido una prioridad.
Lamentablemente será otra ocasión perdida si Sánchez y Feijóo no consiguen recomponer los añicos. En cualquier caso, y más allá de la palabrería y el secreto de la negociación llevada a cabo hasta ahora, lo cierto es que también se ha vislumbrado el eterno pasteleo de nombres y cargos que debería erradicarse. No existe ningún compromiso formal por ninguno de cambiar el sistema con urgencia. Aquella expresión de «dar más peso» a los jueces en la elección del CGPJ sigue siendo algo virtual, etéreo, no concreto. Es aceptable, y así debe ser por parte del PP, y así lo establece esa lógica parlamentaria, que el progresismo disponga de mayorías en los órganos constitucionales hasta que se reforme el sistema para una despolitización que debería ser real, imprescindible y urgente. Lo contrario supone seguir degradando a nuestra Justicia. Pero por encima de la pretensión de ambos partidos de seguir «colocando» a jueces afines, lo nuclear es no ceder ante la enésima extorsión del independentismo, más aún cuando la hemeroteca recuerda que fue Sánchez quien propuso aumentar las penas por sedición, y no rebajarlas. El desprestigio es total para todos, PSOE y PP a partes iguales. Pero hay fronteras que no se deberían cruzar si es el Estado quien se debilita. Ahora, el relato por el reparto de culpas entre PSOE y PP es lo de menos, más aún si Sánchez cede e inutiliza un delito como la sedición. Para evitar esa guerra de relatos se hace necesario que los dos partidos descubran las cartas, y muestren su acuerdo por escrito a la opinión pública por una mera cuestión de respeto al ciudadano y a la transparencia. Luz y taquígrafos en lugar de culparse mutuamente de un fracaso colectivo para saber de verdad quién jugaba con cartas marcadas y quién intenta cocinar como una verdad lo que no lo ha sido.
Feijóo sabía que cualquier entendimiento con el Gobierno sobre la Justicia iba a ser visto por la mayor parte de la derecha sociológica como una derrota, pero hacer la vista gorda con la sedición era inasumible