Frenesí y parálisis
Las ayudas al coche eléctrico están produciendo una música sincopada y rota, como la del claqué. Véase lo sucedido con Volkswagen. La aportación propuesta por el Gobierno ha pasado de repente, de 137 millones de euros, a 397, más que el doble de lo previsto en agosto. Esto no es una flor de cantueso, que diría la Pardo Bazán. Esto es una monstruosidad. O la primera cantidad era un disparate, o lo es la segunda, o, quizá, lo sean las dos. No está confirmado, de hecho, que los alemanes vayan a aceptar la última oferta. Los números saltimbanquis añaden una nota más al desconcierto que domina el uso de los fondos procedentes de Europa. Solo se ha ejecutado el 15% de los 30.000 millones que hasta la fecha han llegado a nuestro país. Se teme que, en visto del éxito, el flujo de ayudas se retrase o se suspenda. Estamos hablando de donaciones, esto es, de dinero gratis. Pero también peligran, a lo que parece, los préstamos futuros, cifrados en 85.000 millones de euros. Si no quieres café, taza y media.
Dos causas podrían explicar este sindiós, una de naturaleza política, y otra de carácter administrativo. Sin duda, la intromisión abusiva de la política complica de modo fatal la ejecución de los fondos. Los criterios de aplicación basados en consideraciones escuetamente técnicas no son terriblemente litigiosos. Por el contrario, en aquellos casos en que se identifica al beneficiario por razones ajenas a la rentabilidad del dinero invertido, lo que debería estar claro deja de estarlo y el mecanismo se bloquea. La necesidad de conciliar decisiones al compás de la tensión existente entre los bloques que integran el gobierno, o de compromisos parlamentarios sujetos a una lógica más política que económica, deja fuera de juego a los expertos, multiplica las intrigas, y paraliza la voluntad.
Más preocupante todavía que el desarreglo político, es la degradación administrativa. La ineptitud o ventajismo de un gobierno se curan con la llegada de un gobierno mejor. Sin embargo, es mucho más difícil enderezar a una administración que se ha descompuesto o dejado de funcionar. ¿Estamos en esas? No deberíamos excluirlo. Atiendan al siguiente desarrollo, de larga data ya. Como es bien sabido, el desorden administrativo español, el que generó a los cesantes que Galdós ha llevado a su literatura, empezó a corregirse en el siglo XX y finalmente entró en vereda gracias a una Ley de 1964 en que se dibujaba con rigor el régimen estatutario de los funcionarios.
A ese régimen sigue refiriéndose la Constitución de 1978. Por desgracia, a lo largo de los ochenta, tomó impulso la laboralización del personal público. Fulano entraba en la Administración gracias a un contrato, en el que se inveteraba hasta que era homologado como funcionario. Esta clase accidental de funcionario creció a mucho mayor ritmo que el funcionario por oposición y ha adquirido dimensiones descomunales en los últimos años. De hecho, una parte abrumadora del empleo público que se está creando, viene por esa vía. Agréguese que los altos funcionarios dependen cada vez más del partido en el poder, y se completará el cuadro.
Otro dato: el hábitat de los laborales son las autonomías, el territorio donde los partidos políticos convierten el dinero público en adhesiones corporativas. Un sistema federal, o seudofederal, o acaso seudoconfederal, exige formas de gobernanza complejas y extremadamente equilibradas.
En el sistema que nos hemos terminado dando abundan agentes mal formados y de origen clientelar. De ahí un caos creciente y una difuminación de las cadenas de decisión. La obsolescencia de España como país desarrollado avanza a toda prisa. Por arriba, y por debajo.