LO QUE PASARÁ CON LA SEDICIÓN
Una de las consecuencias de la reforma de la sedición será reanimar el mensaje de «lo volveremos a hacer», lanzado por los mismos a los que el Ejecutivo indultó
EL Gobierno ha desplegado una campaña de mensajes para normalizar la reforma del Código Penal que rebajaría las penas del delito de sedición y, de esta manera, tachar de desproporcionada y oportunista la decisión del Partido Popular de suspender la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es una táctica similar a la de los indultos a los condenados por el 1-O, después de que Pedro Sánchez dijera que cumplirían sus penas íntegramente. La polémica, por tanto, puede tener muchas interpretaciones e incertidumbres, pero entre todo el ruido que provoca La Moncloa hay un dato cierto: el único pacto firmado por Sánchez es el que tiene con ERC para reducir las penas del delito de sedición. Y a esto hay que ceñirse cuando la opinión pública se pregunta qué va a pasar con la Justicia en España. Y lo que va a suceder con la rebaja de la sedición es una sucesión de consecuencias perfectamente medidas por el Ejecutivo con sus aliados de ERC.
En primer lugar, la rebaja penal de la sedición es el complemento de los indultos concedidos por el Gobierno a Oriol Junqueras y demás condenados por el 1-O, porque solo así pueden reducirse sus penas de inhabilitación, que se mantiene en trece años, y volver a participar en nuevas elecciones a corto y medio plazo. En segundo lugar, el Ejecutivo busca facilitar la vuelta de Marta Rovira, dirigente de ERC que huyó a Suiza en cuanto recibió la citación del juez Llarena para notificarle su procesamiento solo por rebelión. La rebaja del delito de sedición tendrá efecto retroactivo sobre las acusaciones aún pendientes, pero puede no evitar el ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga. Algo similar podría suceder con Carles Puigdemont, de quien Sánchez dijo que se comprometía a traerlo a España para que rindiera cuentas ante la Justicia.
En tercer lugar, lo que depende del Gobierno es no torpedear la posición del Tribunal Supremo en las instituciones europeas, donde hay varios frentes judiciales abiertos y en los que tendría un impacto muy negativo la reforma de la sedición. Lo que se dice en España se oye en los tribunales europeos. Por eso, cuando el Ejecutivo insiste una y otra vez en reducir las penas del delito de sedición, sus mensajes tienen como destinatario a Europa, para que sus jueces se pregunten para qué quiere España que se entregue a los prófugos si el propio Gobierno español busca su impunidad. En cuarto lugar, la rebaja del delito de sedición es una amnistía de hecho, con carácter retroactivo. Con este efecto casi extintivo de las responsabilidades penales, otra consecuencia de la reforma de la sedición será reanimar el mensaje de «lo volveremos a hacer», lanzado por los mismos a los que el Ejecutivo indultó, básicamente para asegurarse sus votos en esta legislatura. Poca disuasión va a tener el Código Penal tras una reforma que creará una casta de cuasi impunes, los sediciosos separatistas.
Por último, esta reforma del Código Penal no tiene nada que ver con las penas que se imponen en los principales Estados europeos a delitos similares. El argumento del Gobierno de que hay que homologar nuestro código al de los europeos es un desafío a la madurez de los ciudadanos españoles y una provocación para cualquier penalista mínimamente formado. Esto es lo que va a pasar con la reforma de la sedición: votos para Sánchez, impunidad para sus socios, desprestigio en Europa.