Bolaños hurta a los diputados «información relevante» sobre la ‘ley trans’

∑La memoria enviada por La Moncloa no explica qué hizo Montero con el medio centenar de informes que recibió el texto, denuncian fuentes socialistas ∑La legislación le obliga a detallar qué observaciones desechó y qué aceptó

El Ministerio de la Presidencia no ha remitido al Congreso documentación «relevante» sobre la ‘ley trans’ que la ley le obliga a enseñar a los diputados para que estos puedan formar su criterio antes de votar, según denuncian fuentes socialistas y ha podido confirmar ABC. Concretamente, falta el análisis de qué partes del medio centenar de informes que Igualdad recibió durante la tramitación del anteproyecto fueron atendidas e incorporadas al texto y cuáles fueron desechadas.

Entre esos dictámenes se encuentran los remitidos por las comunidades autónomas de Madrid, Galicia, Andalucía, Aragón, Cataluña, País Vasco y Baleares –el resto no quiso aportar informe–, los dos grandes sindicatos, doce organizaciones sociales, todos los ministerios no proponentes (un total de 19) o el INE, entre otros. «Nos están privando de elementos de juicio para formar opinión tan relevantes como el tomar conocimiento de los errores que pueden haber detectado en la nueva ley organizaciones sociales, órganos consultivos y administraciones públicas», protestan las citadas fuentes socialistas.

Letrados del Congreso consultados por ABC coinciden con esta versión. «No hay razón legal para no trasladar esa información al Legislativo. La única justificación posible sería que esa documentación tuviera algún nivel de protección, pero no es el caso. Su no remisión puede haber sido un error del Gobierno, en cuyo caso hablaríamos de mala praxis, o tener intencionalidad, en cuyo caso, de acreditarse, constituiría un fraude de ley. Y si algún diputado pidiera esa documentación y La Moncloa no la remitiera estaríamos ante un posible caso de prevaricación», explican.

«Podemos estar ante un defecto de tramitación porque los antecedentes están mutilados: falta información que no se adjunta. La remisión de documentación no es un mero trámite administrativo porque afecta a la formación de la voluntad de la Cámara. La ley dice con claridad que el Congreso debe contar con todos los elementos necesarios para formar opinión», añaden.

No en vano, el análisis de qué partes de los informes y dictámenes de un anteproyecto han sido tenidas en cuenta para redactar la ley debe formar parte de la memoria del análisis del impacto normativo. Así lo estipula la Ley del Gobierno, obligando al Ejecutivo a remitir este dosier al Congreso junto con los informes «que conformen los expedientes de elaboración» del proyecto. El citado análisis debería estar integrado en el apartado «descripción de la tramitación» de la memoria, pero los ministerios de Igualdad y Justicia decidieron sacarlo del cuerpo y derivarlo a cuatro apéndices que son los que el Ministerio de Presidencia no ha remitido al Congreso. «Se recogen las aportaciones en el anexo», van señalando invariablemente Igualdad y Justicia cuando toca analizar las observaciones recibidas en el medio centenar de informes y dictámenes recabados.

Los cuatro apéndices se titulan anexo I consulta pública, anexo II organizaciones y ciudadanía, anexo III Administraciones Públicas y anexo IV órganos consultivos. Fuentes del Congreso

señalan que «un apéndice como tal, que añade información a la obligatoria, puede interpretarse que no es de obligada remisión, pero uno que recoge información que es de remisión obligatoria debe ser remitido por mucho que se denomine anexo. La ley es clara y no acabe la ingeniería para saltársela». No obstante, letrados consultados lamentan que no es la primera vez que esto sucede. «La Moncloa ha remitido expedientes mutilados antes», apuntan, sin querer dar más datos.

El Congreso, por su parte, se lava las manos y se limita a confirmar que el Gobierno no ha enviado esos anexos. «La Cámara comparte la documentación que remite Presidencia, tal cual la remite», subrayan, para dejar claro que esos documentos no han llegado a los diputados y no es por error del Congreso. Sobre si el letrado de la comisión correspondiente, en este caso Igualdad, ha reclamado al Gobierno la documentación que falta, las mismas fuentes señalan que esto no es responsabilidad de la Cámara. «Presidencia sabe perfectamente qué es lo que manda y si esa documentación cumple o no con la ley. Valorar si la cumple o no, no nos toca a nosotros», señalan esas fuentes.