«La posición del PP sobre el CGPJ es un chantaje intolerable»

∑La vicepresidenta ataca al líder de la oposición: «Feijóo se arruga porque la derecha protesta. Ha abandonado el sentido de Estado»

La vicepresidenta tercera del Gobierno no tiene duda alguna sobre el ritmo que hay que imprimir a la transición ecológica a pesar de la amenaza de recesión o las cifras de inflación: no sólo no hay que revisarlo o ralentizarlo, sino que se debe acelerar. Teresa Ribera (Madrid, 1969) recibe a ABC en el complejo de Nuevos Ministerios consciente de que su departamento es una apuesta personalísima del presidente del Gobierno desde su llegada a La Moncloa. Detrás de su perfil técnico y sus responsabilidades en un área clave en el actual contexto internacional, la ministra de Transición Ecológica nos muestra un perfil político poco conocido. Sólo se apasiona cuando la conversación se adentra en las cuestiones más controvertidas de la actualidad, especialmente con el choque frontal con el PP a cuenta del Poder Judicial.

—¿Los objetivos de Transición ecológica que este Gobierno marcó en 2018 siguen plenamente vigentes a pesar de la que está cayendo?

— Yo diría que no solamente están plenamente vigentes, sino que se han reivindicado todavía con mayor motivo. O sea que al contrario, hay una mayor comprensión por parte de la opinión pública. En general, la crisis de energía que estamos viviendo sería mucho mayor si no tuviéramos más energía renovable, y sería mucho menor si hubiéramos sido capaces de acelerar todo este proceso con cierta anticipación.

—Sin embargo la invasión de Ucrania lo ha cambiado todo y el propio Parlamento Europeo pone sobre la mesa la necesidad de repensar la energía nuclear y el gas. ¿Por qué en España el Gobierno impide ese debate?

—Lo que se propone en un determinado momento antes de la guerra es diferenciar aquellas tecnologías que pueden acelerar las soluciones en materia de clima para contar con un sistema energético mucho más limpio y mucho más sostenible. La presión de dos países que por razones muy concretas plantean que las que llaman energías de transición puedan ser consideradas verdes abre un debate enormemente complejo que no se ha resuelto adecuadamente. Una cosa es que haya tecnologías que ayuden en los años de la transición y otra cosa es confundir los años de transición con el objetivo que se persigue, que es diferenciar netamente lo que no tiene ninguna arista. Y esto es lo que ha fallado de algún modo con un voto forzado en relación con la propuesta de la Comisión y que tendrá que resolver ahora ya el Tribunal de Justicia.

—¿Cree usted que se confundió el Parlamento Europeo?

—El Parlamento Europeo tuvo una votación muy compleja y muy dividida, muy divisoria. Así que, más que confusión, ha sido una decisión política sobre un criterio en el que han venido trabajando expertos en sector financiero, en inversiones, en energía, académicos... O sea que estas cosas ocurren. Y en estos momentos está recurrido ante el Tribunal de Justicia.

—Hay voces autorizadas que insisten en dar una segunda oportunidad a la energía nuclear. ¿En el Gobierno de España no ha habido ningún debate interno al respecto?

—No solamente no ha habido un debate dentro del Gobierno de España, sino que en la conversación con las empresas energéticas y muy probablemente con el sector inversor tampoco hay un debate. Yo creo que el debate que se está abriendo en España tiene más que ver con posiciones ideológicas de quienes, por encima de todo, consideran que la nuclear es buena cosa, que es un poco absurdo; o bien con posiciones del lobby industrial asociado a la producción de los bienes de equipo en materia de energía nuclear, que evidentemente es un sector industrial muy potente y tecnológicamente muy interesante y muy solvente.

—El riesgo de mantener sus objetivos de transición ecológica es que con la recesión a las puertas y esta inflación desbocada haya una ingente capa de la población que se quede fuera. No todo el mundo puede comprar un coche eléctrico o instalar placas solares.

—Nuestro objetivo es que no solamente nadie se quede fuera, sino canalizar que todo el mundo esté dentro y que los beneficios de esta transformación sean sentidos en primera instancia por quienes más puedan verse amenazados por este cambio. Y eso tiene muchas maneras de ser declinado.

—¿Entiende usted a ese ciudadano que comparte con usted la convicción de que hay que ir hacia la transición ecológica, pero que no puede permitirse un coche eléctrico? Ese ciudadano sigue conduciendo un coche viejo, y el parque móvil español está envejeciendo. El ciudadano recibe mensajes contradictorios: el poder político le aprieta para que se sume a la transición ecológica pero la realidad le complica dar ese paso.

—Yo entiendo perfectamente la perplejidad del ciudadano que quiere apostar por un coche eléctrico y se encuentra dos problemas: uno que es muy caro y otro que va al concesionario y le recomiendan que no lo haga. Porque también ocurre eso. Entonces, a veces es un poco contradictorio desde el punto de vista de las propias casas matrices y el tejido industrial. Y creo que no es solamente un problema de precio. Hay un problema de infraestructuras que estamos intentando impulsar.

—Esta semana hemos conocido que el 70% de los fondos asignados al coche eléctrico en el primer PERTE no han llegado y la respuesta del Gobierno es anunciar un segundo PERTE.

❝ Crisis económica

«Hay que acelerar el ritmo de la transición ecológica. Solamente se puede acelerar si la sociedad está preparada para acelerarlo»

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«Descarto ser candidata a las elecciones, mi responsabilidad es estar aquí»

¿Por qué los fondos no llegan, qué está fallando? Alguna responsabilidad tendrá el Gobierno.

—En los programas que conozco está fluyendo muy bien y los puntos más difíciles normalmente están en la gestión de la carga burocrática en algún momento, pero no porque no estén convocados o porque no haya un atractivo, o porque no haya llegado una muy buena parte de los fondos a los destinatarios finales o a los destinatarios responsables de la convocatoria de esas medidas, que en un porcentaje importante son las comunidades autónomas.

—Una queja de la gran empresa. Los compromisos que les impone la Unión Europea les resta competitividad frente a empresas de terceros países.

—Yo creo que no es así. Creo que en estos momentos el elemento más peligroso de cara a restar competitividad para la industria europea es el precio de la energía. Sí creo, insisto, que es un problema el coste de la energía hoy por hoy. Y hay otro elemento que sí me parece pernicioso en todo esto: España debe acelerar el ritmo de integración de las variables ambientales en los procesos de toma de decisiones estratégicas a medio y largo plazo.

—¿En lugar de frenar el ritmo de la transición ecológica, habría que acelerarlo?

—Yo creo que sí. Creo que hay que acelerarlo. Sí creo que hay que estar muy pendiente siempre de qué pueda representar eso para los colectivos que no