Ribera deja sin ayudas a las comunidades del ‘no’ al lobo
Galicia y Castilla y León anuncian medidas tras ser excluidas de los fondos para ganaderos
Galicia, Castilla y León y Cantabria, que aglutinan el 93% de la población de lobos en España, se han quedado sin fondos estatales para compensar los daños que inflige el cánido a los ganaderos. Las tres comunidades votaron en contra de la estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica que articula el blindaje del predador en toda España. Ahora, denuncian, han sido excluidas del reparto de los 20 millones de euros en ayudas, a pesar de ser las principales afectadas. Las autonomías gobernadas por el PP han iniciado las primeras acciones judiciales.
Tras muchas polémicas, la estrategia gubernamental para proteger al lobo se aprobó el pasado julio con el rechazo de siete comunidades, entre ellas las de mayor presencia del animal. Del bloque de autonomías ‘loberas’ solo Asturias (PSOE) se descolgó del rechazo final, después de que el Gobierno se abriera a permitir ‘muertes selectivas’ de lobos cuando hubiera una justificación técnica previa. Galicia, Castilla y León y Cantabria, sin embargo, votaron en contra al entender que el plan se había elaborado de forma unilateral, sin tener datos fidedignos sobre la situación del lobo en España y con elementos que solo generarían más inseguridad jurídica.
El plan también llevaba asociada una partida económica de 20 millones de euros a repartir entre las comunidades. Serían destinados a implantar medidas preventivas (compra de mastines, vallas electrificadas...) y a compensar los daños sufridos por los ganaderos. Los criterios de reparto y la dotación económica se votaron de forma separada a la estrategia en dos anejos. Pero tras la reunión, las comunidades han descubierto que, para recibir los fondos, hay un precio. El departamento dirigido por Teresa Ribera condiciona la entrega de estos fondos a un compromiso por escrito.
La primera carta le llegó a las autonomías del ‘no’ a la estrategia el pasado mes de agosto, según fuentes de la consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. Fue apenas una semana después de la reunión en la que se votaron todos los documentos. En la misiva, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, reclamaba a las correspondientes administraciones el compromiso por escrito de «aplicar y velar por la aplicación de la estrategia en todos sus elementos» para la transferencia de las ayudas. No lo obtuvo y no han transferido los fondos.
El paso de los meses ha hecho la situación cada vez más apremiante para las autonomías, que todavía no han recibido los fondos con los que diseñan sus propios planes presupuestarios. Sin visos de alcanzar un acuerdo, Galicia anunció el jueves su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica a transferir fondos. A la Xunta le corresponden 4,3 millones de euros. «No se entiende que, aunque se vote en contra (de la estrategia), nos quedemos fuera, ya que los efectos y perjuicios siguen produciéndose» por el lobo, argumentó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
«Si no vas a aplicar la estrategia no puedes recibir fondos», dice Hugo Morán, que insta a seguir el ejemplo de Asturias
«Es razonable»
Hugo Morán no lo ve así. «Parece razonable concluir que si no vas a aplicar la estrategia no puedas recibir fondos para su aplicación», respondió en Cadena Ser, según EP. Morán también instó a la Xunta a optar por la «senda del acuerdo», la misma que le ha servido a Asturias a disponer ya de las ayudas económicas.
A esta batalla se ha unido la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, que ha requerido formalmente al Gobierno la transferencia de los 8,8 millones de euros asignados a la comunidad. Si no obtienen respuesta, interpondrán también un recurso contencioso-administrativo, avisan.
Castilla y León considera «pernicioso» que el Ministerio le exija por escrito la aplicación de la estrategia «en todos sus elementos», explican fuentes de la consejería, ya que considera que el procedimiento para controlar la población de lobos no se ajusta a derecho, como ya argumentó hace meses.
La estrategia permite ‘extracciones’ de lobos, pero requiere de una autorización administrativa. Esta solo se concederá si se cumplen tres condiciones: ocurrencia de daños graves sobre el ganado, ausencia de otra solución satisfactoria (como los métodos preventivos), y mantenimiento de la población en un estado de conservación favorable, según fuentes ministeriales. Transición Ecológica es quien recaba la información y la remite a la comunidad, encargada de la actuación.