España rechaza entregar a Argentina a la mujer que huyó con su hija hace veinte años
Ha estado sin papeles en nuestro país, escondida del padre, que buscaba a la niñar
El expediente judicial de Alicia pudiera contener sólo una historia, pero son al menos tres. La de una mujer que se siente en una situación de violencia y que coge a su hija de cuatro años y desaparece del país donde vive el padre de la niña, pese al régimen de visitas. Que cruza el charco con la menor y empieza de cero. Que permanece dos décadas en España viviendo sin papeles, trabajando sin contratos, y aún así, su hija, ya mayor, se saca Enfermería. Sin ser descubiertas aunque las están buscando. Casi veinte años.
Es también la historia de un padre que un día va a recoger a la niña a casa de su ex y el portero le dice que ya no viven allí. Que va al colegio a preguntar y le enseñan que hace días cursó la baja. Que acude a la familia de la madre y recibe pistas falsas. Que no sabe dónde está su hija. Que la busca en cuatro países. Que cuelga fotos, que mueve vídeos en redes con pequeños textos y música de fondo. Durante casi veinte años.
Y es la historia de un sistema que no ha funcionado, o no del todo, o según se mire. Alicia en busca y captura, con orden de extradición, renovando sin pegas su pasaporte boliviano desde España cuando su país ya sabe que la están buscando.
El pasado febrero los medios catalanes se hacían eco de la detención con la misma foto que ilustra estas líneas. Una mujer, vencidos los sesenta, con una bufanda rosa y sujeta por dos agentes de la Policía de los que, aunque quisiera, no podría zafarse ni por la fuerza ni echando a correr. Era una victoria para Interpol, que daba con ella tantos años después, merecedora de nota de prensa. Lo sería probablemente para el padre de la niña, que por fin iba a tener certeza de dónde estaba su hija aunque ella, adulta ya, no quisiera regresar a Argentina. Para Alicia lo que significaba esa foto es la posibilidad de ser extraditada a aquel país del que salió y que nunca fue el suyo –es boliviana y allí trabajaba como enfermera cuando se casó– y donde no conoce a nadie. La posible condena, hasta 15 años de prisión por sustracción de menores, no prescribe hasta 2029.
Puesta a disposición de la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción
número 3 la dejó en libertad y la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puso fin a esta historia hace unos días. Hasta su sede se desplazó para la vista Alicia, dispuesta a explicar que no se marchó porque sí, sino porque la estaban maltratando hasta lo «insostenible». Que ella tenía la custodia y él un régimen de visitas que solía incumplir, que nunca denunció porque la Argentina de hace veinte años no es la de hoy y el miedo que tenía se lo confirmó una abogada bonaerense cuando le dijo que lo mejor que podía hacer era la maleta.
Nada de esto hizo falta, en realidad. En los procesos de extradición el tribunal lo que mira es si en la reclamación hay mimbres, si los hechos que describe son delito y sobre todo, si son delito en España. No lo eran.
En 2017, cuando la niña cumplió la mayoría de edad, el Código Penal no perseguía como sustracción de menores que quien se llevara al niño fuese el progenitor con la guarda y custodia y con el que conviviese «habitualmente». «Supuesto distinto sería que ambos progenitores ostentaran la guarda y custodia de forma compartida», decía en el proceso el escrito de su abogada.
El tribunal, en un auto que se hace eco de su relato de violencia, le dio la razón. «El padre denunciante ni convivía ni tenía la guarda y custodia de la menor y, merced a la conducta del otro progenitor, la madre, sólo se vio privado del normal ejercicio de su derecho de visitas, situación frente a la cual nuestro ordenamiento jurídico penal no prevé sanción alguna al tratarse de un conflicto del orden civil», dice la resolución. Considera que «los hechos objeto de reclamación no serían típicos» pues aquí se exigía la «falta de consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente» el niño. Y ese era Alicia.
Contactada por ABC, prefiere que hable su letrada. Cristina Guilanyà, a la que encontró con la ayuda de las personas a las que presta servicio doméstico, habla de una «valiente» que crió a su hija sin ayuda y que ha sobrevivido irregular todo este tiempo. Ahora, intentará acceder a un permiso de residencia. El que antes no pidió para no figurar en nada que no fuese el Padrón. Si sale del país la pueden detener porque no ha prescrito. Siete años quedan.
El rastreo en Bolivia
El padre buscó a la menor en cuatro países y colgó fotos y vídeos en redes sociales para intentar dar con su paradero, sin éxito
En la vista, la mujer explicó que huyó porque la estaba maltratando hasta lo «insostenible» y tenía miedo a denunciar
Según los autos, se vino a España aunque hizo creer que estaba en Bolivia. Tuvo que empezar de cero una vez más, cuando en el barrio de Huelva donde se habían instalado la Policía preguntó por ella. Interpol estuvo cerca.
El padre de la menor pasó años enfocado en Bolivia, adonde se enviaron las primeras órdenes de extradición. La Policía interrogó a una mujer que resultó no ser ella. Los mensajes que la abuela paterna intercambió con su anterior consuegro están en el sumario, como su dolor y desesperación cuando le hicieron creer que podía ir a recoger a su nieta y era mentira. También constan las fotos que él publicaría en internet para buscarla. A día de hoy, siguen en las redes. Falta una voz, tampoco quiere hacer declaraciones. En la vista de extradición la menord ijo que su madre le contó a los 11 años dónde estaba su padre. Ha sido ella, voluntariamente, quien ha decidido que no quiere saber nada de él.