El PP exige auditar el uso de subvenciones en la era Sánchez
El Gobierno ha disparado un 43% las ayudas a instituciones sin ánimo de lucro y familias desde 2018
El PP va a forzar a los grupos parlamentarios del Congreso a pronunciarse sobre la orientación de la política de concesión de subvenciones públicas que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada al poder en 2018. Las cifras son llamativas. En apenas cinco años las transferencias a ‘familias e instituciones sin fines de lucro’ se han disparado un 43% y la cuantía de las mismas se ha elevado por encima de los 25.000 millones de euros.
El Grupo Popular quiere conocer hasta qué punto esta escalada, que hace que el proyecto de Presupuestos de 2023 contemple 7.500 millones de euros más en ese capítulo de gasto que el último presupuesto del PP, está justificada por situaciones de necesidad social y ha introducido una enmienda al proyecto presupuestario del Gobierno para exigir la realización de una auditoría sobre el gasto en subvenciones públicas a familias y entidades sin ánimo de lucro en el marco de un Plan de Racionalización del Gasto Público.
Cumplir con la ley
La tesis de los populares es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado sin ningún control el gasto estructural y la carga de deuda del sector público español, lo que considera una receta fracasada que «merma nuestra competitividad, lastra el crecimiento y la creación de empleo, condena a los más vulnerables, sigue debilitando a la clases media y compromete el futuro del país». Según sus cifras, esta política va a incrementar en 340.000 millones de euros el agujero fiscal de las cuentas públicas en solo cuatro años, que, subraya el PP, «como dijo Nadia Calviño pagarán nuestros hijos y nuestros nietos».
Ante esta situación, el PP plantea al Congreso que imponga al Gobierno la realización de un Plan de Consolidación del gasto y le obligue a cumplir la Ley de Estabilidad, hacer caso a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y elaborar un Plan de Reequilibrio para devolver las cuentas públicas a una senda de sostenibilidad.
La idea de los populares es que el plan se centre en la reducción de gastos corrientes y transferencias corrientes no esenciales, aunque también podría afectar a los gastos de personal en los casos en que se detectaran excesos o, como reza la enmienda, «en aquellos casos de estructuras redundantes e injustificadas».
El Grupo Popular entiende que hay margen de reducción de gasto en el campo de los puestos de confianza, que han crecido como nunca en la era Sánchez, y también en el entramado del sector público empresarial, donde prevé la supresión de entidades públicas cuyo mantenimiento sea innecesario bien porque no supongan ningún beneficio económico o social o porque no sean útiles.