Caos en Palma por un torrente de multas sin notificar
Centenares de vecinos, con miles de euros de deudas, denuncian al ayuntamiento
El radar instalado en su calle multaba a Noelia cada dos por tres por sobrepasar los 40 kilómetros por hora, pero ella nunca lo supo. Sencillamente, no le llegaba ninguna notificación. Pero las multas estaban ahí, cayendo una tras otra, multiplicándose con el paso del tiempo. Hasta que la Agencia Tributaria descubrió el ‘pastel’ y a Noelia le embargaron la nómina porque debía 10.000 euros por una treintena de sanciones que hasta entonces desconocía.
Ella es uno de los cientos de vecinos de Palma que se han unido para denunciar el «abuso» del ayuntamiento de la capital balear con el fallido sistema de notificación de multas. Se quejan de que CI Postal, la empresa subcontratada por el consistorio, dejó de notificar miles de multas a lo largo del 2020 y 2021. En algunos casos como el de Paquita, incluso falsificaron la firma de su marido y así los repartidores se ahorraron una visita a su casa. «Pusieron las iniciales y se quedaron tan anchos», denuncia esta afectada que acumula multas con abultados recargos. Pero son muchos más los que tienen sanciones acumuladas.
Rebecca Koch es alemana y reside en Palma desde hace 11 años. El miércoles 26 le llegó una notificación, entregada por CI Postal. «Al abrirla me quedé helada: 900€ por no identificar el conductor de mi vehículo por una multa por exceso de velocidad del mes de marzo. Era la primera noticia que tenía sobre esa infracción», relata indignada. Se fue a la Policía y puso un recurso. «Allí la funcionaria que me atendió me hizo entender que no soy la única», prosigue esta perjudicada, molesta porque nunca tuvo la posibilidad de hacerse responsable de la sanción inicial, que con la reducción se habría saldado con 150 euros.
Miguel opina que el Ayuntamiento de Palma ha actuado con «picaresca», sin demasiado interés para arreglar este servicio porque «así recauda más». «El funcionamiento es el siguiente: la Agencia Tributaria un día nos dice que tenemos una deuda de 300, 1.000, 6.000, 12.000 euros con el Ayuntamiento de Palma, por multas que nunca se nos notificaron. Como no respondimos, transcurrido el plazo de diez días para pagar la reducción, el Ayuntamiento continúa tramitando el expediente y cada multa se incrementa con recargos y con la imputación, además, de una nueva sanción por no identificar al conductor, lo que triplica el importe inicial», critica este portavoz de Stop Multas sin notificación, que se queja de que en muchos casos los afectados no se enteran de las multas hasta que Hacienda procede a embargarles sus bienes o cuentas bancarias.
El pasado mes de febrero, la Policía abrió una investigación y detuvo a varios trabajadores y a la responsable de la empresa CI Postal en Baleares. Tras el escándalo, el consistorio dirigido por el socialista José Hila tomó dos decisiones, primero abrió un expediente a la adjudicataria y después le prorrogó el servicio hasta marzo de 2023 para sorpresa de todos. Mientras tanto, siguen apareciendo fotografías de cartas no notificadas abandonadas en un torrente o en un descampado a las afueras de la ciudad sin que Hila acceda a ‘perdonar’ estas deudas o actúe de oficio para revisarlas, como reclama el PP.
«Queremos pagar»
Trabajadores de CI Postal reconocieron al diario local ‘Última Hora’ que tiraban las cartas a la basura ante la excesiva carga de trabajo a la que estaban sometidos, mientras sus responsables les presionaban para ganar incentivos por cada multa entregada. «Lo peor es que al Ayuntamiento de Palma le ha bastado la geolocalización de los repartidores delante del domicilio del destinatario como justificante de entrega», alertan los afectados, que aclaran que no quieren que se les condone la deuda sino que se les dé opción a pagarla con la bonificación.
«Solo queremos que el ayuntamiento rectifique», reclama Stop Multas sin Notificación, que aglutina a 165 personas en grupos de WhatsApp y Telegram para denunciar este «robo». Mientras tanto, otros 400 afectados han optado por la vía judicial y han iniciado una demanda contra el Ayuntamiento de Palma. «El mensaje es claro: solo queremos pagar y dormir tranquilos».
En febrero la Policía abrió una investigación y detuvo a varios trabajadores de la empresa, pero el consistorio prorrogó el servicio