NULA TOLERANCIA A LA CRÍTICA
La destemplada reacción del Gobierno, con el presidente a la cabeza, ante el dictamen del BCE sobre el impuesto a la banca confirma que el informe ha puesto el dedo en la llaga
L Adesproporcionada reacción del Gobierno a las advertencias formuladas por el dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el proyecto de impuesto a la banca sólo puede explicarse por la falta de costumbre de Pedro Sánchez a que las instituciones europeas le lleven la contraria y le marquen los límites de la racionalidad. Envalentonado por su aparente acierto con ‘la excepción ibérica’ en el campo energético, el Gobierno se ha acostumbrado a que sólo le lleguen parabienes y dinero desde una Comisión Europea que hace mucho tiempo que dejó de ser el organismo que debería encarrilar a los países miembros.
El presidente del Gobierno anunció que seguirá adelante con el impuesto y arremetió contra el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en un descarado ataque ‘ad hominem’. Poco antes, De Guindos se había limitado a recordar que el informe «no es vinculante» y que sólo «busca ayudar» al Gobierno para que no dañe el ecosistema financiero. La principal advertencia del BCE es que el tributo puede poner en peligro los mecanismos de transmisión de la política monetaria en un momento en que ésta es imprescindible para combatir la inflación que nos afecta. También advierte de una serie de efectos colaterales: si bien los ingresos de las entidades financieras suelen crecer con el aumento de los tipos de interés, este efecto suele compensarse con un menor volumen de préstamos, pérdidas en la cartera de valores, y aumentos en las provisiones como consecuencia del deterioro de la calidad de su cartera crediticia. La institución también aboga por que se permita a la banca repercutir el impuesto a los clientes, cosa que el Gobierno ha dicho que evitará, aunque aún no se sabe cuál será el expediente que usará para ello.
El documento no sólo recurre a la pedagogía, sino que es absolutamente respetuoso con las atribuciones del Parlamento español. La única que ha reconocido este hecho ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque lo haya hecho de una manera agria y demagógica al afirmar que mientras la misión del BCE es cuidar «de la salud de las entidades financieras», el Gobierno tiene como objetivo el bienestar de los ciudadanos. Por su parte, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, también insistió en que el Ejecutivo «seguirá adelante», aunque admitió posibles mejoras en su tramitación.
Junto a la del presidente del Gobierno, la reacción más destemplada fue la del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien se burló del informe diciendo que es «un copia y pega» de documentos anteriores y pidió «rebajar muchísimo el estatus» del mismo. Para más inri, Escrivá es funcionario del Banco de España y trabajó en el BCE cuando éste comenzaba su andadura. Con estas declaraciones, el ministro sigue perseverando en el peligroso camino de responder desacreditando a las instituciones que no le brindan el amén a sus criterios, lo que se ha convertido ya en una seña de identidad del Ejecutivo de Sánchez.
Lo que realmente resulta paradójico es que los ministros arremetan contra el Banco Central Europeo cuando éste ha estado protegiendo las finanzas del Estado español desde hace una década, ya sea evitando que se dispare el coste de financiación de la deuda (prima de riesgo) o financiando directamente el gasto gubernamental mediante la compra de activos. Quizá la advertencia de que al final el impuesto lo acabaremos pagando todos no se refiera literalmente a la banca, sino a la economía en general.