La Audiencia de Sevilla debe resolver y no tiene plazo
tinuado de prevaricación. La sala va a enviarles un requerimiento para que cumplan la pena. Esta situación afecta al expresidente Manuel Chaves; al exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y a la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez.
Anticorrupción tampoco aprecia demoras injustificadas en la tramitación y resolución de la causa, como manifestaban las defensas de Griñán y del resto de condenados. En la sentencia firme que notificó el Tribunal Supremo el pasado septiembre «se recoge
«La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático»
La última palabra sobre el futuro de Griñán y otros ocho condenados por malversación la tiene la Audiencia de Sevilla
expresamente que durante la tramitación de toda la causa no se han producido dilaciones que hayan merecido la consideración de indebidas con la consiguiente atenuación de la pena», ni tampoco demoras en la resolución de los recursos de casación. Puntualiza que la resolución «no ha sufrido dilaciones más allá de las que se derivan» de las peticiones que han presentado las defensas, que «no pueden ser calificadas como indebidas».
El Supremo consideró probado que Griñán tenía «conocimiento de la ilegalidad»
No hay un plazo estipulado para que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla resuelva sobre la ejecución de las penas. Los magistrados del órgano que dictó la sentencia habían preguntado a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular ejercida por el PP andaluz si debían suspender la ejecución de las penas privativas de libertad «mientras se tramitan los indultos» planteados tanto por Griñán como por ocho ex altos cargos más condenados por malversación. El PP andaluz aún no ha presentado su escrito exponiendo su posición jurídica (lo hará el próximo lunes), aunque a nivel político sí se ha manifestado en contra del indulto al expresidente. La opinión de la Fiscalía no es vinculante para los jueces que tienen la capacidad de decidir sobre la ejecución de las penas. No obstante, suele tenerse en consideración. Fuentes jurídicas consultadas por ABC dan por hecho de que, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Audiencia de Sevilla ordenará el ingreso en prisión de los condenados por malversación. del sistema de los ERE, al tiempo que destacó su «pasividad» ante el «despilfarro y la arbitrariedad» con la que se concedieron las ayudas.
En paralelo con la petición de indulto, la defensa del expresidente presentó el pasado 27 de septiembre un incidente de nulidad ante el Supremo, un paso ineludible para interponer después un recurso de amparo ante el Constitucional. En dicho escrito pidió anular la sentencia y reducir la pena a dos años, lo que evitaría su entrada en prisión al carecer de antecedentes penales.
Villafranco del Guadalhorce le quieren cambiar el nombre. Sus vecinos no quieren, pero una carta enviada por el abogado de las víctimas del Franquismo Eduardo Ranz al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, de quien depende esta pedanía, expone una posible sanción de 10.000 euros si no se cumple la Ley de Memoria Democrática y se borra al dictador del recuerdo en este municipio. La pregunta enciende los ánimos. «No estoy de acuerdo. Hay cosas más importantes que el nombre», espeta airada Esther Gómez, propietaria del ‘Pizkolabi’, uno de los bares de esta pedanía de Alhaurín.
Los vecinos recuerdan que el cambio de nomenclatura obligará a cambiar sedes sociales de empresas, facturas, direcciones de correo y causará un caos administrativo. «¿Y eso a mí quién me lo paga?», añade Gómez. «Hay una familia grande aquí que se llama Franco, ¿a ellos también les van a borrar el nombre?», apostilla su compañera Silvia González, mientras entra y sale para servir mesas mostrando su descontento.
En una de las mesas está Maribel Marmolejo con su marido desayunando. Ella llegó al municipio con sólo nueve años y no se siente agraviada por el nombre del caudillo. «El tema es un incordio. De pequeña pensaba que el pueblo se llamaba así porque era el apellido de la familia que tenía el cine y el bar», recuerda esta vecina, quien ve un problema todo el cambio de documentación. «No hace falta borrar el nombre. No me gusta lo que pasó, pero fue así. Si quieren borrar a Franco que tumben el pueblo», apostilla.
El cambio de nombre está causando presión. La propia Escuela Infantil,
Aque tiene ahora 34 niños, recibió un correo recientemente con malos modos pidiendo que no se llamara con el nombre del pueblo. «Nos han puesto de vuelta y media», reseña la coordinadora del centro, Rocío Serrano, quien teme el papeleo que le espera si se produce el cambio de nomenclatura. «Es historia y no se puede cambiar. Este nombre es parte de la idiosincrasia del pueblo», añade Serrano.
Para los vecinos hay problemas más urgentes que el nombre. «Si lo cambian
«Aquí hay una familia grande que se apellida Franco. ¿A ellos también les van a borrar el nombre?», ironizan los vecinos
y ponen un cajero y una pescadería vale, pero si no, para qué», reflexiona Carlos Llorente, quien se pregunta para qué sirve tener otro nombre si el único supermercado «está a punto de cerrar». «Por mí que le pongan Villaguaterlay, porque a mí me llaman Paco Guaterlay, pero que hagan un cementerio por lo menos», señala con cierta guasa Francisco Zambrano, que llegó siendo un niño a la pedanía en 1971. Los vecinos recuerdan que tienen que enterrar a sus seres queridos en Alhaurín el Grande, Cártama o Coín.
Quieren servicios dignos y no cambios de nombre. Sebastiana Pérez es otra de las ‘colonas’, que llegó en 1973, y que se opone a la modificación. «El pueblo lo hizo Franco. Nos dieron las casas y los campos de los que hemos vivido toda la vida. Se llama como se llama y ya está. Lo que hace falta es que por lo menos haya médico o un autobús para salir del pueblo», asegura esta mujer.
Es la misma postura de su vecina María González, cuyo marido está en el centro de mayores con Alzheimer y recuerda las penurias que se pasan para ir a la consulta del médico. «La luz, las tuberías y la electricidad son las que puso Franco; que cambien eso antes que el nombre», remarca María Benítez desde su ferretería, donde exhibe con orgullo ser la primera niña que nació en esta pedanía en 1972. «Cuando digo Villafranco no pienso en Franco. Es mi pueblo. Me preocupa más que no haya transporte público y que los padres tengamos que llevar a los nuestros hijos al instituto por las mañanas, si no estudian en el que les toque de Alhaurín el Grande o pasan a Málaga», afirma Benítez.
Sin embargo, no todos están en contra. «A mí no me importaría que se le quitase. Si se lo cambian porque fue un dictador, pues bien. A mí no me gusta que se recuerde a Franco con el nombre del pueblo, pero si no lo quitan pues ya está. Tampoco voy a ir a manifestarme», concede Antonio Rodríguez, otro de los ‘colonos’, que en otro tiempo fue cuatro años concejal socialista de Alhaurín por Villafranco, cuando la pedanía sólo tenía 12 habitantes, que cree que sí hay una relación clara con el caudillo.
El debate, por tanto, parece estar solo en los carteles. Un vecino tacha el ‘Franco’ y deja sólo el ‘Villa’ cada noche. los carteles del pueblo con spray negro por las noches. Protesta sigilosa que juega al ‘pilla-pilla’ con otro vecino que los limpia acto seguido. Es la única polémica real que vive el pueblo.